En los acuerdos anteriores a la declaración de quiebra -o acuerdos pre-pack- en los que se pacte el traspaso de empresas, centros de actividad o partes de los mismos, se mantiene vigente la prohibición de realizar despidos fundados en el propio traspaso, así como el resto de los derechos de los trabajadores consagrados para estos procedimientos. Así lo determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia de 22 de junio, de la que ha sido ponente el magistrado Jiri Malenobsky.

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado, por causa de inadimisión, los recursos presentados de forma conjunta por 26 demandantes, por los swaps suscritos con el Banco Santander. La razón es que ninguna de las acciones individualmente consideradas superan los 600.000 euros exigidos para el acceso a los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, según determina la sentencia, de 19 de junio.

El mero incumplimiento por parte del promotor de su obligación de garantizar mediante un seguro la devolución de las cantidades anticipadas por los compradores, en el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin, no constituye un delito de apropiación indebida. Tampoco tendrá dicha calificación la conducta del promotor consistente en percibir tales anticipos, pero no a través de una cuenta especial creada a tal efecto en una entidad bancaria.

El modelo de contratación pública en España es opaco e ineficiente, cualidades que le convierten, en la actualidad, en el principal foco de corrupción de nuestro sistema y en el mayor lastre para las cuentas públicas. Estas deficiencias tienen un coste de, al menos, 20.000 millones de euros anuales para las arcas públicas, según un estudio elaborado por Transparencia Internacional y el Observatorio de Contratación Pública (OCP) en base a las licitaciones publicadas en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

El Ministerio de Justicia presentó ayer en el Consejo de Ministros el primer informe sobre el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), una reforma que debe adaptar la legislación española al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La norma europea supone una auténtica revolución en la concepción de la privacidad, y exige a las empresas y Administraciones que traten datos multitud de cambios en sus procedimientos internos.