El modelo de contratación pública en España es opaco e ineficiente, cualidades que le convierten, en la actualidad, en el principal foco de corrupción de nuestro sistema y en el mayor lastre para las cuentas públicas. Estas deficiencias tienen un coste de, al menos, 20.000 millones de euros anuales para las arcas públicas, según un estudio elaborado por Transparencia Internacional y el Observatorio de Contratación Pública (OCP) en base a las licitaciones publicadas en la Plataforma de Contratos del Sector Público.
Los 20.000 millones, no obstante, son una "proyección generosa", según señala José María Gimeno, catedrático de Derecho Administrativo y presidente del OCP. La cifra real, explica, "seguro que lo supera", puesto que, a pesar de estar obligadas por ley a publicar todos los contratos y licitaciones en la Plataforma, las Administraciones están remitiendo únicamente alrededor del 30 por ciento de los procedimientos.
A ello hay que sumar que los contratos menores y los negociados sin publicidad no están sometidos a la exigencia publicación, lo que incrementa aún más las dudas por la imposibilidad de ejercer sobre ellos una fiscalización real efectiva.
La contratación pública supone el 20 por ciento del Producto Interior Bruto en nuestro país. Los defectos del modelo han sido señalados insistentemente por la Comisión Europea, que llegó a cifrar en 13.000 millones anuales las pérdidas que ocasionaba a las arcas públicas la corrupción.
En 2016, el Ejecutivo comunitario requirió a España para que reformara una normativa en la que la transparencia brillaba por su ausencia. Una idea en la que insistía en su Informe España 2017, que criticaba la opacidad y la ineficiencia de los procesos de licitación.
Bajas de hasta un 40%
A los problemas de falta de cumplimiento de la ley vigente hay que sumar las deficiencias de la propia regulación y del funcionamiento del sistema, tal y como coincidieron en señalar ayer Transparencia Internacional, la patronal de las empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras Seopan y la firma EY, que participaron en una jornada celebrada en Madrid.
Julián Núñez, presidente de Seopan, criticó que la "crisis de confianza" haya derivado en una "ausencia de decisiones por parte de las Administraciones Públicas", que priman el criterio del precio por encima de cualquier otra consideración, y ha conducido "de forma generalizada a la adjudicación de contratos por precios por debajo del coste real".
Según los datos ofrecidos por la patronal de las empresas del sector, la baja media en la contratación del Grupo Fomento, en los últimos cinco años, ha sido superior al 32 por ciento -alcanzando su máximo en el primer cuatrimestre de 2016 con una baja media del 35 puntos-.
En el Grupo Medio Ambiente, por su parte, la baja media de contratación ha superado el 30 por ciento en los últimos seis años, llegando a ser del 42 por ciento en 2016.
"La adjudicación con un coste de referencia inferior del 30 o 40 por ciento del determinado durante la fase de redacción del estudio del proyecto es un sinsentido económico", apuntó Núñez, que cuestionó que una Administración pueda gastar hasta seis años en definir un proyecto para después "subastarlo como si fueran gallinas".
En la misma línea, Gimeno subrayó que en los procedimientos competitivos se logra una rebaja media del 20 por ciento. "Ese porcentaje está bien, pero cuando hablamos de bajas del 30-40 por ciento, estamos ante una distorsión", explicó, y reclamó castigos para las empresas que "falsean la competencia" presentando ofertas económicas imposibles.
"El criterio del precio sigue siendo muy importante y, aunque da apariencia de transparencia, no garantiza que se elija la mejor oferta", subrayó también María Jesús Escobar, socia de EY.
En el otro extremo, en las licitaciones en las que no hay competencia, por su parte, las ofertas apenas logran una mejora del 1 por ciento sobre el precio proyectado. Y ese es, precisamente, otro de los problemas de los que alerta el estudio presentado: al 40 por ciento de los contratos públicos publicados en la Plataforma se presenta un único licitante. En los procedimientos publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea (Doue) esta cifra asciende al 50 por ciento.
Según Gimeno, "no ser transparentes nos está encareciendo el precio un 20 por ciento", unos recursos que se están detrayendo de otras políticas públicas o que podrían emplearse en reactivar la economía.
Un pacto de Estado
Ante tal situación, el presidente de Seopan reclamó un pacto de Estado que abordara, de forma conjunta, la problemática de la contratación pública y una mayor transparencia y control de la financiación de los partidos políticos. Además, planteó la necesidad de que primen los criterios técnicos tanto en la planificación de las infraestructuras como durante la fase de contratación, en la que detecta un "exceso de discrecionalidad".
Durante la jornada, EY presentó un documento con 25 propuestas para mejorar todas las fases del procedimiento de contratación pública. La firma, además de coincidir en la necesidad de un pacto de Estado, manifestó la conveniencia de la elaboración de un plan de infraestructuras en el que participen miembros de la sociedad civil y expertos del sector, y garantizar la publicidad y la transparencia en materia de inversión.