Ayer entró en vigor la orden europea de investigación, un instrumento que unifica, simplifica y agiliza el trabajo de los organismos judiciales que lleven a cabo investigaciones transfronterizas. Así, por ejemplo, a través de la misma, el juez de un Estado miembro podrá solicitar a su homólogo de otro país de la UE que interrogue a testigos o lleve a cabo registros domiciliarios en su nombre.
El Tribunal Supremo (TS) ha zanjado uno de los debates abiertos en torno a la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el artículo 31 bis del Código Penal (CP): los delitos contra los derechos de los trabajadores no generan responsabilidad penal de las personas jurídicas; una posibilidad que había sido debatida intensamente por algunos de los sectores de la doctrina.
Nuevo varapalo judicial al abuso de la temporalidad en el sector público. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña ha declarado como indefinido el vínculo laboral de una empleada pública temporal que encadenó un total de 268 contratos temporales "formalmente" legales. La sentencia, del 2 de mayo de 2017, considera que dicha utilización de la contratación temporal supone un abuso de derecho que "no puede admitirse".
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, augura el "fracaso" del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas si no se reforma el proceso penal y se permite poder conceder "favores" a las empresas que colaboren en la persecución de delitos, en forma de ventajas penales o procesales. Así, la compañía que denuncia o ayuda a investigar a los responsables de delitos cometidos en su seno, podrá ver atenuada su responsabilidad o, incluso, librarse de un procedimiento que, al margen de si resulta o no condenada, dañará gravemente su reputación. | Más noticias en el suplemento gratuito elEconomista Buen Gobierno y RSC.
La esperada UNE 19601, Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso ha visto finalmente la luz. El 18 de mayo, la Asociación Española de Normalización (UNE) publicó la versión definitiva de la norma que establece los requisitos para implantar, mantener y mejorar de forma continua el modelo de cumplimiento normativo en las organizaciones con el objetivo de prevenir la comisión de delitos en su seno y reducir el riesgo penal a través del impulso de una cultura ética y de cumplimiento.
La Asociación Española de Normalización (UNE) publica hoy la norma que permitirá la certificación de los programas de prevención de delitos de las organizaciones: la UNE 19601, Sistemas de gestión de compliance penal. El texto, cuyo contenido adelantó elEconomista, establece los requisitos para implantar, mantener y mejorar de forma continua el modelo de cumplimiento normativo en las organizaciones con el objetivo de prevenir la comisión de delitos en su seno y reducir el riesgo penal.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido reconocido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CGPJ) como el organismo constitucional más transparente. Así lo pone de manifiesto el primer Informe de Evaluación de la Ley de Transparencia, un ranking que evalúa dos parámetros: por un lado, el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley -cumplimiento obligatorio- y, por otro, la voluntad del organismo de ir más allá de lo requerido en la norma -cumplimiento voluntario-.
Se equivoca quien ve en el delegado de protección de datos -o DPO por sus siglas en inglés: data protection officer- una figura defensiva para la organización, que se limita a protegerla de posibles sanciones, asegurando el cumplimiento normativo. O al menos así lo considera Cecilia Álvarez, presidenta de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP), quien defiende que el DPO puede ser un elemento "estratégico" para las empresas, que contribuya de forma decisiva a desarrollar el negocio y aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización.
Ya es definitivo: las empresas no tienen la obligación de llevar un registro diario de las horas de trabajo de sus empleados. El Tribunal Supremo (TS) ha dictado la segunda sentencia que anula la condena impuesta a una empresa de establecer un sistema de registro de la jornada de la plantilla, con lo que sienta jurisprudencia en este sentido. Una resolución que está fechada el 20 de abril de 2017 y a la que ha tenido acceso elEconomista.
Ya es definitivo: las empresas no tienen la obligación de llevar un registro diario de las horas de trabajo de sus empleados. El Tribunal Supremo (TS) ha dictado la segunda sentencia que anula la condena impuesta a una empresa de establecer un sistema de registro de la jornada de la plantilla, con lo que sienta jurisprudencia en este sentido. Una resolución que está fechada el 20 de abril de 2017 y a la que ha tenido acceso elEconomista.