Los contratos de los empleados públicos temporales tendrán un límite máximo de tres años. Así lo ha fijado el Gobierno en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. Un tope que afecta tanto a la duración de un solo contrato como al encadenamiento de contratos o nombramientos.
La reforma de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales rebajará de 15.000 a 10.000 euros el valor de los bienes en efectivo vendido a personas no residentes por encima del cual, el comerciante debe aplicar medidas de prevención del blanqueo. Así aparece en el texto de la consulta pública abierta por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, previa a la redacción del proyecto de ley. Las aportaciones podrían realizarse hasta el 10 de junio.
Los cuatro grandes partidos coinciden en fijar como uno de los objetivos para esta legislatura la mejora de la prevención de los riesgos laborales. En un debate organizado el pasado 27 de abril por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud Laboral, representantes de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos expusieron sus propuestas para reducir la siniestralidad en el trabajo.
¿Tienen las empresas la obligación de llevar a cabo un registro diario de las horas de trabajo de sus empleados? A día de hoy es una incógnita. Si se atiende al criterio del Tribunal Supremo (TS), no. Pero según están trasladando las Inspecciones de Trabajo provinciales a las consultas que se les están realizando desde despachos y asesorías, sí. Una situación que, según manifiestan sindicatos y empresarios, está provocando una gran inseguridad jurídica y expone a las empresas a sanciones de más de 6.000 euros.
La vulneración del principio de correspondencia, es decir, la exigencia de que ámbito de aplicación del convenio colectivo coincida con el ámbito de representación de los negociadores, no determina automáticamente la nulidad del convenio colectivo. Por primera vez, el Tribunal Supremo (TS) ha aceptado la posibilidad de anular exclusivamente el inciso de una cláusula que pretendía extender el ámbito de aplicación del convenio más allá de los centros representados en la negociación, sin que la nulidad afectara al total de la norma.
La empresa que contrate o encargue a otra el tratamiento de datos deberá asegurarse de que ésta tiene las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar los niveles de seguridad y la protección de los derechos exigidos por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Unas garantías que podrán demostrarse a través de certificados de protección de datos o la adhesión a códigos de conducta.
Haber colaborado con el negocio o la actividad económica familiar genera el derecho a recibir una pensión compensatoria en caso de divorcio, incluso aunque se haya cobrado por ello un salario (siempre que éste sea reducido o "precario"). Así lo determina el Tribunal Supremo (TS), en una sentencia del 26 de abril de 2017, en la que revisa la interpretación que se había dado en la jurisprudencia a la expresión "trabajo para la casa" contenida en el artículo 1.438 del Código Civil (CC).
El Tribunal Supremo (TS) ha reconocido el derecho de una médico a cobrar la parte del salario que hubiera ingresado por las guardias que dejó de realizar por su situación de baja por su embarazo y lactancia de riesgo. La sentencia, de 21 de enero, se apoya en que el artículo 11.1 de la Directiva 92/85, de medidas de protección de la trabajadora embarazada o lactante, que exige que se garantice "el mantenimiento de una remuneración y/o el beneficio de una prestación adecuada".
El Tribunal Supremo (TS) ha anulado un swap comercializado por una entidad financiera haciendo creer a los clientes que se trataba de un producto financiero beneficioso para ellos, porque mitigaba el riesgo derivado de las fluctuaciones de los tipos de interés, cuando en realidad estaba destinado precisamente a lo contrario. El contrato no sólo protegía al banco de una bajada de los tipos, sino que además le otorgaba la facultad de poder desistir del mismo a su conveniencia, sin reciprocidad para el cliente.
El Tribunal Supremo (TS) rechaza que, para denunciar un convenio colectivo, se exija la legitimación necesaria para negociar uno nuevo. Así, no será necesario que el sindicato cuente con la representatividad plena, sino que bastará con la inicial. "La legitimación exigida para tomar la iniciativa negocial debe ser amplia y reforzada -la plena", determina la sentencia, de 2 de diciembre de 2016, "mientras que la exigida para denunciar el convenio no tiene por qué identificarse necesariamente con ella".