No suele ser una de las principales reivindicaciones que se asocian con el Primero de Mayo, pero el mobbing o acoso laboral constituye una grave amenaza a la dignidad en el empleo. Este tipo de conductas, al plantear problemas en lo relativo a su detección y prueba, y al darse un ámbito tan particular como el de las relaciones de trabajo, requieren ser abordadas y enfrentadas con especial cuidado.
El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado la demanda de siete sociedades de gestión de derechos de autor -Aisge, Aie, Agedi, Dama, Egeda, Sgae y Vegap- que reclamaba el pago de una indemnización de casi 121 millones de euros por el cambio en la gestión del canon digital. La sentencia, de 19 de abril, argumenta que la infracción del Derecho comunitario de la legislación española no tiene intensidad suficiente como para justificar tal resarcimiento.
Los recursos o reclamaciones que solicitan que se declare la caducidad de un procedimiento administrativo no interrumpen el plazo de prescripción del mismo. Así lo determina el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia de 10 de enero, en la que rectifica su propia doctrina que, hasta la fecha, había resuelto este tipo de situaciones en sentido contrario.
Nuevo varapalo de la Justicia a la contratación temporal en la Administración Pública española, aunque en esta ocasión el tirón de orejas no proviene del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), sino del propio Tribunal Supremo (TS) que, enmendando su propia doctrina, ha elevado a 20 días por año trabajado la indemnización del despido de los indefinidos no fijos por cobertura de plaza.
La Asociación Española de Normalización (UNE) hará pública este jueves la Norma UNE-ISO 37001, Sistemas de gestión antisoborno, la versión española del estándar internacional que permitirá a las empresas certificar que han adoptado los mecanismos internos adecuados para prevenir, detectar y actuar contra los sobornos. El texto, cuyo contenido adelanta elEconomista, no se limita a asegurar el cumplimiento de la ley, sino que eleva mucho más allá las exigencias a las compañías.
Seis de cada diez iniciativas ciudadanas tramitadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) son reclamaciones. En concreto, han supuesto 1.667 del total de las 2.832 peticiones que ha recibido el organismo desde el comienzo de su actividad en enero de 2015. Del resto, 773 -el 27 por ciento- son informaciones generales al ciudadano; 263 -el 9 por ciento- consultas sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y 107 -el 4 por ciento- denuncias por incumplimientos.
A la tercera va la vencida. Eso es lo que le ha pasado a la acusación popular -ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE)- del juicio de la primera etapa del 'caso Gürtel', que ha logrado en su tercer intento que la Audiencia Nacional cite a declarar, como testigo, al presidente del Gobierno. Y Mariano Rajoy, como cualquier otro testigo, incluso en su condición de presidente del Gobierno, está obligado a declarar. Además, al no tratarse el 'caso Gürtel' de circunstancias de las que ha tenido conocimiento por razón de su cargo, deberá hacerlo de forma presencial ante la Audiencia Nacional y no podrá hacerlo por escrito.
Transparencia Internacional España (TI-España) ha trasladado un conjunto de medidas para mejorar la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes que está tramitándose en el Congreso de los Diputados. La ONG, aunque valora positivamente el conjunto de la norma, señala "lagunas y limitaciones" que reducen la efectividad del texto. En especial, reclama aumentar la protección del denunciante y dotar a la autoridad independiente de la capacidad de sancionar.
Transparencia Internacional España (TI-España) ha trasladado un conjunto de medidas para mejorar la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes que está tramitándose en el Congreso de los Diputados. La ONG, aunque valora positivamente el conjunto de la norma, señala "lagunas y limitaciones" que reducen la efectividad del texto. En especial, reclama aumentar la protección del denunciante y dotar a la autoridad independiente de la capacidad de sancionar.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha anulado la condena a dos años de prisión impuesta a una pareja por haber celebrado un matrimonio de conveniencia. La sentencia les absuelve argumentando que este tipo de enlaces de complacencia solo pueden acarrear sanciones administrativas o derivar en un ilítico civil, pero no penal si no media ánimo de lucro y no existe usurpación del estado civil o falsedad documental previa.