Transparencia Internacional España (TI-España) ha trasladado un conjunto de medidas para mejorar la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes que está tramitándose en el Congreso de los Diputados. La ONG, aunque valora positivamente el conjunto de la norma, señala "lagunas y limitaciones" que reducen la efectividad del texto. En especial, reclama aumentar la protección del denunciante y dotar a la autoridad independiente de la capacidad de sancionar.
El texto, propuesto por el grupo parlamentario de Ciudadanos, fue admitido a trámite por el Pleno de la Cámara el pasado mes de febrero. En este momento, se encuentra en su fase de enmiendas en el seno de la Comisión Constitucional.
Requisitos excesivos
En primer lugar, el documento critica por "negativo e insuficiente" que únicamente se provea al denunciante de asesoramiento jurídico y no de una representación legal completa. Asimismo, indica que la imposición de requisitos estrictos para la admisión de denuncias -como el acompañarlas de documentos o de hechos contrastados-puede resultar excesivo y perjudicar su viabilidad.
En relación a la actuación de la autoridad independiente, la ONG propone que se incluya en su ámbito de actuación a todo el personal que dependa de la Administración "sin excepción", lo que incluiría a trabajadores eventuales, temporales o de otro cariz.
La autoridad, explica el texto, no debe ser un organismo que se limite a recibir, denunciar e incoar procedimientos, tal y como prevé la norma, sino que también tiene que realizar una labor activa en la materia, formando en conductas éticas y promoviendo una cultura de prevención contra la corrupción. Para ello -continúa-, debería dotársele de recursos suficientes que garanticen su independencia y buen funcionamiento.
Asimismo, para que cuente con la fuerza necesaria, Transparencia Internacional reclama que la autoridad responsable tenga reconocida la capacidad de imponer multas coercitivas reiterables. "Los diversos organismos de supervisión y control existentes ven limitada su capacidad de acción por encontrarse su autoridad reducida a la posibilidad de instar al cumplimiento, lo que provoca que el organismo o persona requerida no acate o deje transcurrir el tiempo en su favor", asevera.
Por último, la organización considera adecuado que pueda ampliarse el plazo para la resolución de denuncias, pero recomienda que dicha extensión deba acompañarse de un escrito motivado que justifique tal decisión. También pide que ésta sea comunicada al denunciante para que tenga la oportunidad de realizar un descargo ante las razones que explican tal decisión.