Las demandas de disolución matrimonial -tanto las separaciones como los divorcios, ya sean de mutuo acuerdo o no consentidos- presentadas en los juzgados españoles descendieron un 7,8 por ciento en 2016 con respecto a los daños del año anterior. En total, se registraron 119.859 de estos procedimientos, según los datos facilitados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) precisa que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) no rechaza que pueda cobrarse una remuneración a los hoteles por la emisión en sus habitaciones de la señal de televisión y radio. Lo que establece, según su gerente, Jaume Canela, es que "el precio del hospedaje no equivale al pago de una entrada para ver los canales de televisión".
El pliego de condiciones de una licitación no puede imponer a las empresas aspirantes la contratación de los trabajadores de la anterior adjudicataria, tal y como determina el Tribunal Administrativo (TA) de Contratación Pública de Madrid.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rechaza que los hoteles tengan que pagar un canon a las sociedades de gestión de los derechos de autor por la difusión en sus habitaciones de programas de televisión y radio que contengan obras protegidas. Así lo determina en una sentencia de 16 febrero, de la que ha sido ponente el magistrado Egidijus Jarasiunas.
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a Luis Ramallo García y Miguel Temboury Redondo a indemnizar con 750.000 euros cada uno a la empresa Puma. La sentencia, de 15 de febrero, ratifica el fallo de la Audiencia Provincial (AP) de Madrid que consideró probado que ambos, cuando actuaban como árbitros, dictaron el laudo prescindiendo del tercer árbitro, Santiago Gastón de Iriarte -el propuesto por Puma-.
Las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo por dilaciones indebidas en los procedimientos judiciales registró un "notable" descenso el año pasado. En total, según la Memoria Anual correspondiente a 2016, la institución recibió 141 quejas, frente a las 176 de 2015. Por jurisdicciones, 79 correspondieron a la civil, 34 a la penal, 11 a la contencioso-administrativa y cinco a la mercantil.
Transparencia Internacional también ha presentado un catálogo de 75 propuestas que pretende prevenir y dar respuesta a los casos de corrupción en el deporte, así como potenciar la integridad y la transparencia en las instituciones que lo dirigen o forman parte del mismo. Entre ellas, destaca la reforma de la Ley 10/1990, del Deporte, porque, a juicio de la ONG, "no permite dar respuesta jurídica al escenario actual" de las competiciones ni ante las prácticas irregulares afloradas recientemente.
Todos los parlamentos -Congreso, Senado y los 17 autonómicos- aprueban en transparencia, pero los resultados están aún lejos de ser satisfactorios. Según el barómetro de Transparencia Internacional España (TI-España) sobre la información publicada por las cámaras los contratos y la información sobre la actividad de los parlamentarios siguen siendo las zonas más opacas. "Es insuficiente", valoró Jesús Lizcano, presidente de la ONG, para quien todo lo que sea alejarse de un sobresaliente en transparencia "es un fracaso". También propone 75 medidas para limpiar el deporte de corrupción.
Sin tener reconocida la competencia para sancionar, la presión pública se convierte en el último recurso a través del cual el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) puede forzar a que las Administraciones y organismos públicos cumplan con sus deberes de información . "Cuando dictas una resolución y el organismo te responde que no la cumple, y le vuelves a escribir diciéndole: por favor, cúmplela, y te vuelve a decir que no, ya sólo te queda decirle: te voy a poner en la plaza pública diciendo que eres opaco", resume Esther Arizmendi, presidenta del organismo, en una entrevista con elEconomista.
La indignación que ha levantado la decisión de la Audiencia Provincial de Palma de no ordenar el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarin y de no imponerle la finanza de 200.000 euros que solicitaba la Fiscalía sólo puede explicarse, o bien porque no se comprende la figura de la prisión provisional, o bien porque existe un ánimo de emplear este asunto con algún tipo de finalidad política.