El Tribunal Supremo (TS) exige que la renuncia a la acción de nulidad formule de forma expresa en los contratos de cancelación anticipada de los swap. Así, no valdrá una renuncia genérica, como la contenida en contrato suscrito en el litigio, que aseveraba que "una vez satisfecho el importe extinción, las partes no se deberán suma alguna por causa de la operación y, en todo caso, renuncian a cualquier pago o entrega que pudiera tener en virtud de la operación".
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicará el Esquema de Certificación del delegado de protección de datos -DPO, por sus siglas en inglés: data protection officer- en el primer semestre de este año. El 28 de febrero, el organismo mantuvo una reunión con asociaciones relacionadas con la privacidad y con las autoridades catalana y vasca, para constituir el comité de expertos que elaborará el documento.
Radio Televisión Española (RTVE) tendrá que hacer públicas sus cuentas. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha confirmado la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), de 9 de junio de 2016, que instaba al ente a proporcionar, en 20 días hábiles, la última auditoría pública realizada por la Intervención General del Estado (IGAE) al ente público radioeléctrico. Es la primera vez que un juzgado obliga a RTVE a publicar el total de sus cuentas.
El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha ofrecido por primera vez datos sobre el número de asuntos declarados de instrucción compleja: en todo 2016 fueron 62.922, si bien en el segundo semestre, pasado el efecto de la disposición transitoria que regulaba la aplicación de la norma, el porcentaje de asuntos declarados complejos sobre el total de diligencias previas y sumarios en fase de instrucción fue inferior al 2 por ciento.
Los Estados miembros de la UE pueden denegar una solicitud de asilo cuando el interesado haya participado en actividades de una red terrorista, sin que sea necesario que éste haya cometido personalmente los actos de terrorismo, haya participado en ellos o incitado a su comisión. Así lo determina el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en una sentencia del 31 de enero, de la que ha sido ponente el magistrado Allan Rosas.
Transparencia Internacional (TI) señala directamente a la contratación pública como la gran fuente de corrupción e ineficiencia del gasto público en España. "Es un inmenso agujero negro", definió Jesús Sánchez Lambás, miembro del Comité Ejecutivo de la ONG, en la presentación www.contratospúblicostransparentes.es, una aplicación gratuita que permite la consulta y análisis de los contratos de todas las Administraciones y entidades públicas contenidos en la Plataforma de Contratación del sector público.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de 16 nuevas plazas de magistrados para hacer efectiva la segunda instancia penal para las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional. Junto a los puestos en las salas de los tribunales, el Real Decreto (RD) también recoge la creación de nuevas plazas de letrados de la Administración de Justicia y la adaptación de las relaciones de puestos de trabajo del personal de los órganos afectados.
En mayo de 2018 entra en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Una norma que será de aplicación obligatoria a partir de esa fecha y que impone a las empresas numerosos deberes en relación a la privacidad. Una de las exigencias que introduce es la contratación de un delegado de protección de datos (DPO, por sus siglas en ingés: data protection officer) en determinados supuestos.
La carga de trabajo de los juzgados y tribunales españoles se redujo en 2016 gracias a la menor entrada de asuntos y, a su vez, a la reducción de los procesos pendientes de resolver. Así, el año pasado, se plantearon 5.813.031 asuntos ante los órganos judiciales nacionales, lo que supone una disminución del 31,4 por ciento respecto al año anterior.
La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) ha sido elegida como la oficina de propiedad industrial e intelectual más innovadora del mundo por parte de la revista World Trademark Review, una de las publicaciones más prestigiosas en la materia.