La certificación de los programas de compliance no sólo puede actuar como un respaldo clave para dar certidumbre y seguridad a la empresa sobre su propio sistema de prevención de delitos. También puede actuar como un elemento fundamental de prueba en un procedimiento judicial para defender la exoneración de la empresa, en caso de que se vea salpicada por la actuación delictiva de uno de sus empleados o directivos.
Lejos de ser una foto fija o un examen puntual, el Código Penal exige que los programas de compliance -o planes de cumplimiento normativo y prevención de delitos- sean sistemas vivos. Es decir, para garantizar su efectividad, éstos deben ser revisados periódicamente y adaptados tanto a las modificaciones normativas o como los cambios que pueda experimentar la empresa en su estructura, organización o actividad.
La Asociación Española de Normalización (UNE) ultima la norma que permitirá a las empresas certificar sus modelos de compliance: la UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance penal. Un texto que debe aplacar la incertidumbre y el nerviosismo que ha creado en las compañías la posibilidad de ser condenadas por los delitos cometidos por sus empleados o directivos.
El respaldo de la ciudadanía europea a la protección de los derechos de propiedad intelectual sigue siendo muy mayoritario. Sin embargo, la última encuesta de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) revela un leve incremento en el número de europeos que tolera el consumo de falsificaciones o accede a contenido pirateado.
Con la entrada en vigor en toda Europa del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en mayo de 2018, todas las Administraciones y muchas empresas tendrán que contratar un delegado de protección de datos (DPO, por sus siglas en inglés: data protection officer). La creación de esta figura en el seno de muchas organizaciones se presenta como una gran oportunidad laboral y, aunque el perfil, las competencias y las capacidades que requerirá no están definidos del todo, ya existen elementos que permiten a los interesados enfocar su formación.
Los sectores de los contact centers y la banca fueron los que provocaron un mayor número de conflictos planteados ante la Fundación Sima -Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje- en 2016, organismo creado por la patronal y los sindicatos para la resolución extrajudicial de las controversias de ámbito superior a la comunidad autónoma.
En mayo de 2018, cuando entre en vigor en toda la UE el Reglamento General de Protección de Datos, muchas empresas -y todas las Administraciones- tendrán que contar con un delegado de protección de datos -DPO, por sus siglas en inglés: data protection officer-. Sin embargo, aún existen muchos interrogantes sobre su perfil, cualificación o el alcance de sus funciones.
El Congreso aprobó ayer una iniciativa que reclama al Gobierno la modificación urgente del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -conocido como plusvalía municipal- y la devolución por parte de los ayuntamientos de lo cobrado de forma indebida, de acuerdo con la doctrina del Constitucional.
El perfil de los casi 3.000 jueces formados en la Escuela Judicial de Barcelona es el de una mujer, de 29 años, nacida en Andalucía o Madrid, sin experiencia laboral previa y sin ningún familiar que ejerza una profesión del ámbito jurídico. Así lo rebela la estadística ofrecida ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con motivo del vigésimo aniversario de la institución.
La reducción de la contrata impuesta en el pliego de condiciones permite a la nueva adjudicataria, que se subroga en la posición de contratante del personal de la anterior en virtud del convenio colectivo de aplicación, acudir a la figura del despido objetivo para minorar su plantilla, tal y como determina el Tribunal Supremo (TS).