Todos los parlamentos -Congreso, Senado y los 17 autonómicos- aprueban en transparencia, pero los resultados están aún lejos de ser satisfactorios. Según el barómetro de Transparencia Internacional España (TI-España) sobre la información publicada por las cámaras los contratos y la información sobre la actividad de los parlamentarios siguen siendo las zonas más opacas. "Es insuficiente", valoró Jesús Lizcano, presidente de la ONG, para quien todo lo que sea alejarse de un sobresaliente en transparencia "es un fracaso". También propone 75 medidas para limpiar el deporte de corrupción.
La lectura global, no obstante, no puede ocultar las notables diferencias en cuando al compromiso de las cámaras con la información pública de su actividad. Así, la Asamblea de Madrid obtiene la máxima puntuación posible -un 100 sobre 100- en relación a los 80 indicadores evaluados. Los parlamentos de Canarias y Castilla-La Mancha también rozan la matrícula de honor con más de 98 puntos.
En la parte baja de la tabla, el farolillo rojo es para el Parlamento de Andalucía, seguido de los de Aragón y Baleares. También destaca la mala nota del Congreso y el Parlamento de Cataluña que ocupan, respectivamente, el quinto y el sexto puesto por la cola. El Senado, por su parte, ocupa el ecuador del ranking.
No basta con cumplir la ley
La actividad de sus señorías -y los gastos que conlleva- y la información sobre los contratos que firma la Cámara son los dos ámbitos sobre los que los parlamentos muestran más "resistencia" a rendir cuentas. "Las cámaras han estado acostumbrados a que nadie les controle", aseveró Lizcano, que explicó que los parlamentarios se excusaban en que cumplían con lo requerido por la ley y el reglamento interno de la institución para no ir más allá en cuanto a la transparencia.
"Cuando les reclamamos que publicaran los gastos de sus viajes respondían: ¿Qué necesidad hay? ¡Eso es cotilleo! Y no es así: debe saberse el viaje, el por qué y el para qué", relató el presidente de TI-España.
De entre las seis áreas temáticas estudiadas a través de los 80 indicadores planteados, la peor calificación global aparece en la que calibra el derecho de acceso a la información -con un 68 sobre 100-. En ella se mide, entre otros factores, la facilidad que el parlamento da a los ciudadanos para poder acceder al procedimiento administrativo para preguntar o requerir información, o la publicidad de las resoluciones que resuelven las quejas o reclamaciones en relación a dichas peticiones.
En relación a la transparencia en las contrataciones, convenios, obras y suministros, la nota obtenida es de un 74 sobre 100.
Solo un punto más -75 sobre 100- obtiene el apartado de transparencia económico-financiera. En él se mide la información contable y presupuestaria del organismo, así como la publicación de los gastos detallados de los grupos parlamentarios, las dietas de los diputados o la lista de los proveedores y las compras realizadas a los mismos.
Las áreas con mejores puntuaciones son la de información sobre el parlamento y sobre el funcionamiento de la actividad parlamentaria -con cerca de 90 puntos sobre 100-. Dos ámbitos, en todo caso, que resultan menos sensibles para las cámaras y sus miembros.
En las relaciones con los ciudadanos y la sociedad -que evalúa la participación de los mismos en los procesos legislativos y la información proporcionada- la calificación global obtenida es de 85 puntos.