Sin tener reconocida la competencia para sancionar, la presión pública se convierte en el último recurso a través del cual el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) puede forzar a que las Administraciones y organismos públicos cumplan con sus deberes de información . "Cuando dictas una resolución y el organismo te responde que no la cumple, y le vuelves a escribir diciéndole: por favor, cúmplela, y te vuelve a decir que no, ya sólo te queda decirle: te voy a poner en la plaza pública diciendo que eres opaco", resume Esther Arizmendi, presidenta del organismo, en una entrevista con elEconomista.
Arizmendi, que se dice convencida de que la cultura de la rendición de cuentas se abre camino en el sector público, reconoce, no obstante, que aún hay muchas Administraciones que "arrastran los pies". Por ello, el CTBG prepara un ranking que evalúe el cumplimiento de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Una clasificación que motive a las instituciones y organismos rezagados en materia de transparencia, al verse sometidos al juicio de la opinión pública.
La metodología del ranking ha sido elaborada por el Consejo junto con la Agencia de Evaluación de la Calidad (Aeval) y sus posiciones se revisarán de forma anual.
Sanción y inspección
Junto con la capacidad de sanción, la otra gran demanda que expone Arizmendi es la competencia para inspeccionar. "No se conoce ningún organismo regulador que no tenga ninguna de las dos. Nos piden que velemos por el cumplimiento de la ley, y lo hacemos quedándonos despiertos por la noche de la preocupación que tenemos porque no tenemos mecanismos para hacerlo".
Así, por ejemplo, el CTBG no puede acceder a las instalaciones de un organismo público para realizar una auditoría de cumplimiento de la ley sin una autorización previa -con los evidentes problemas de efectividad que plantea hacer una inspección con preaviso-.
"En Chile, el incumplimiento de las resoluciones de su Consejo de Transparencia se castiga con la suspensión de sueldo de la persona responsable de uno a seis meses. Aquí nos tenemos que conformar con el 'por favor, cumple", compara.
Las otras dos grandes quejas que expone la presidenta del CTBG son la falta de recursos y la falta de independencia. En 2016, el presupuesto del organismo fue de 2,9 millones de euros y la mitad del mismo fue destinado a pagar los sueldos de sus -a penas - 18 de trabajadores y su sede. En comparación, el de la Agencia de Protección de Datos fue de 14,1 millones.
Parte de estos recursos también se destinan a litigar. La Abogacía del Estado, cuando el Consejo se enfrenta a una Administración Pública, por conflicto de competencias, sólo se hace cargo de la defensa de la segunda. Si el CTBG se enfrenta a un organismo autónomo o a una empresa pública, la Abogacía se inhibe de las dos partes. "Y ahí el problema es que nosotros somos pobres y los que litigan con nosotros -Renfe, RTVE, sociedades estatales, etc.- son bastante ricos".
Arizmendi también reclama mayores cotas de independencia en el ámbito presupuestario -su asignación la decide Hacienda-, de organización y de personal.
Una progresión "buenísima"
Más allá de la frustración que expresa por no poder ir más allá de lo que le permite la ley y sus medios, Arizmendi califica de "buenísima" la progresión experimentada desde la creación del CTBG, en enero de 2015. Entre los logros conseguidos, destaca la publicación del personal de confianza de los ministerios, la relación de los asuntos sobre la mesa del Consejo de Ministros o la documentación de algunas licitaciones públicas millonarias.
Como próximos objetivos señala contribuir a que arraigue en la ciudadanía la cultura de preguntar y exigir información, y lograr vencer la resistencia de algunos entes s y Administraciones que aún se niegan a dar publicidad a su actividad.