El Ministerio de Justicia ha abierto el trámite de consulta pública para adaptar la normativa española al Reglamento (UE) 2016/679 -conocido como el Reglamento General de Protección de Datos-. El texto, que entra en vigor el 25 de mayo de 2018, exige una reforma completa de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y, de forma transversal, la de otras normas que contienen cuestiones relativas al tratamiento de información personal.
El grupo de trabajo designado por el Gobierno y los agentes sociales para analizar las consecuencias de la sentencia europea sobre los interinos ha sido incapaz de alcanzar un acuerdo para formular una propuesta sobre la indemnización de este tipo de contratos. De hecho, los expertos prefieren esperar a que futuras resoluciones del Tribunal de Justicia europeo (TJUE) y el Tribunal Supremo precisen algo más sobre el régimen antes de pronunciarse.
El PP bloqueó ayer, en la Comisión de Justicia del Senado, el intento de la oposición de derogar los plazos de instrucción introducidos en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -artículo 324-. La propuesta, de Podemos, ha contado con el apoyo a favor de todos los partidos salvo los populares.
En las sucesiones empresariales, la empresa cesionaria -la que adquiere los derechos y obligaciones- está obligada a readmitir a un empleado despedido de forma improcedente por la empresa cedente, incluso cuando el cese se haya producido antes de la subrogación. Tal y como determina el Tribunal Supremo, el artículo 44.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET) extiende sus efectos no solo a los trabajadores afectados por el traspaso empresarial, sino también a aquéllos cuyos contratos se extinguieron antes del mismo.
Delimitar el alcance de los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), de 14 de septiembre de 2016 -caso de Diego Porras-, que declaraba discriminatoria la ausencia de indemnización por despido de los interinos frente a los empleados fijos, es una de las tareas que la inconcreción de la resolución ha hecho recaer sobre los órganos judiciales españoles.
La expiración de los plazos previstos para la ejecución de la orden de detención europea no exime a los Estados seguir adelante con el procedimiento de entrega de la persona buscada, siempre que éstos hayan sido superados por "circunstancias excepcionales". En este caso, serán los tribunales nacionales los que deban evaluar si las autoridades actuaron con la diligencia exigible.
Decía Artur Mas la semana pasada que el juicio que hoy arranca contra él, Joana Ortega e Irene Rigau, es un "juicio político que no tiene base legal". Este argumento, al igual que el repetidísimo mantra de que se les juzga "por poner las urnas", quizá sea políticamente efectivo, pero es una falacia desde el punto de vista jurídico. El TSJC juzga a Mas, Ortega y Rigau por la consulta ilegal del 9N.
Delimitar el alcance de los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), de 14 de septiembre de 2016 -caso de Diego Porras-, que declaraba discriminatoria la ausencia de indemnización por despido de los interinos frente a los empleados fijos, es una de las tareas que la inconcreción de la resolución ha hecho recaer sobre los órganos judiciales españoles.
La catedrática de Derecho del Trabajo y expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, mostró ayer su decepción por el hecho de que no se haya impulsado una gran reforma del mercado de trabajo que aborde, como asunto prioritario, la reducción de la elevada tasa de temporalidad. Actualmente este indicador supera el 26 por ciento -el segundo más alto de la Unión Europea-, una cifra "insostenible tanto en el sector privado como en el público".
La indemnización que el trabajador debe pagar a la empresa en caso de vulnerar el pacto de no competencia post-contractual debe ser proporcional a la contrapartida recibida previamente por el empleado. Así lo determina el Tribunal Supremo (TS), en una sentencia de 26 de octubre de 2016, en la que rebaja la cantidad indemnizatoria fijada en el contrato por considerarla excesiva.