El acceso de los padres a las cuentas de las redes sociales de sus hijos, sin el consentimiento de los mismos, en el caso de que sospechen que pueden estar siendo víctimas de un delito -como, por ejemplo, ciberacoso-, no se considera una intromisión ilegítima en su intimidad y, por lo tanto, la información obtenida con ese acceso puede ser utilizada como prueba en un juicio.
"El problema es la delimitación del trabajador por cuenta ajena y el autónomo, es decir, ¿qué es un trabajo dependiente y qué es un trabajo independiente?". Así expresaba Jesús Mercader, of counsel de Sagardoy Abogados y catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid, la problemática a la que se enfrentan las plataformas profesionales en la determinación de la relación laboral con los trabajadores que prestan servicios a través de las mismas.
El reconocimiento del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no conlleva, necesariamente, la declaración de nulidad de las actuaciones judiciales y su correspondiente repetición. Así se produce en los supuestos en los que la retroacción de las actuaciones entra en conflicto con otros derechos o bienes también constitucionalmente protegidos.
El tribunal de apelación debe escuchar en audiencia al acusado si lleva a cabo una revaluación de los hechos establecidos en primera instancia o examina hechos nuevos. Incluso aunque éste no lo haya solicitado.
La entrada en vigor ayer del Reglamento 2015/2424, que modifica la normativa sobre la marca comunitaria, exige que los solicitantes de un registro concreten "con la suficiente claridad y precisión" los productos o servicios para los que solicitan la protección de la marca.
La prisión provisional puede dar lugar a una indemnización al afectado incluso en los supuestos en los que se dicte absolución o sobreseimiento provisional por falta de pruebas. Así lo determina que Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha corregido el criterio de interpretación del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) hasta ahora mantenido por el Tribunal Supremo (TS).
Hacienda eleva a 30.000 euros la exención de la obligación de aportar garantías para la obtención de un aplazamiento o el fraccionamiento de deudas derivadas de tributos cedidos, cuya recaudación corresponda a las comunidades autónomas. Una cantidad que, hasta ahora, se situaba en 18.000 euros.
Es inconstitucional que las resoluciones adoptadas por los secretarios judiciales -o letrados de la Administración de Justicia- no puedan ser revisadas por un juez. Así lo determina el Tribunal Constitucional (TC), en una sentencia del 17 de marzo, en la que se examina el artículo 102 bis.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El Gobierno anunció ayer la interposición de un recurso de inconstitucionalidad -en el que se solicita también la suspensión de la norma- contra varios artículos de la Ley de Vivienda del Pais Vasco, de 18 de junio de 2015, por haber introducido el deber de ocupación de la vivienda deshabitada, sancionando su no ocupación. Además, también establece un régimen sancionador basado en un sistema de presunciones.
El número de asuntos planteados ante los distintos Tribunales de la Unión Europea (UE) alcanzó su máximo histórico en 2015. También el de contenciosos resueltos. Unas cifras que, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reflejan "la confianza que le conceden los tribunales nacionales y los justiciables" a los órganos jurisdiccionales comunitarios.