Redactor de Economía en elEconomista
Arrendamientos urbanos

El impago de la tasa de basuras, cuando ésta se ha pactado que corresponde al inquilino, supone la resolución del contrato de arrendamiento y puede conllevar, por lo tanto, su desahucio. Así lo determina el Tribunal Supremo (TS), que determina que esta tasa tiene la consideración de cantidad asimilada a la renta y que, conforme al artículo 114 1ª de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1965, por su falta de pago, es una de las causas por las que puede resolverse el contrato a instancia del arrendador.

movilidad LABORAL COMUNITARIA

El lunes 18 de enero finaliza el plazo previsto por la Directiva 2013/55 UE del Parlamento Europeo y del Consejo para la puesta en marcha en todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) de la tarjeta profesional europea. Un certificado electrónico que acredita que un profesional tiene la cualificación necesaria o cumple todas las condiciones para prestar un determinado servicio en otro Estado miembro, ya sea de forma temporal o permanente, en las mismas condiciones que sus nacionales.

Francia, líder

Los esfuerzos de modernización y de introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) llevados a cabo en los últimos años, han permitido a la Administración española situarse en el cuarto puesto mundial en cuanto a servicios online. De los 141 países estudiados, sólo Francia, que lidera este ranking, Singapur y Corea del Sur se encuentran por delante de España, que empata en la cuarta plaza con Japón y Estados Unidos.

Ecoley.es

La acción individual presentada por un consumidor que solicita que se declare la nulidad de una cláusula suelo, no se suspende de forma automática a la espera de que se resuelva el procedimiento colectivo impulsado por la Asociación de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros (Adicae).

Conclusiones del Tribunal de la UE

La acción individual impulsada por un consumidor para que se declare la nulidad de la cláusula suelo no se suspende automáticamente a la espera de que se resuelva el procedimiento colectivo impulsado por la Asociación de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros (Adicae). Según el Derecho comunitario, la suspensión es posible, pero en ningún caso puede ser obligatoria ni automática, y el consumidor afectado debe poder desvincularse de la acción colectiva.

Libertad de expresión

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a indemnizar a un abogado que fue condenado por injurias contra una juez, por unos comentarios realizados en un escrito presentado en el marco de un procedimiento judicial. Según la sentencia europea, el Estado vulneró el derecho a la libertad de expresión del letrado, recogido en el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

El Ministerio de Justicia trabaja para solucionar las incidencias surgidas en los primeros días de funcionamiento del sistema LexNET. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en una reunión mantenida ayer con los representantes del departamento que dirige -en funciones- Rafael Catalá, trasladó algunos problemas relacionados con la lentitud y la capacidad del servidor, detectados en los primeros días de la implantación del papel cero en los juzgados y tribunales, obligatoria desde el 1 de enero.

Sentencia del TSJ de Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña ha declarado como accidente laboral el suicidio de un empleado de una entidad financiera y, en consecuencia, ha condenado a la mutualidad a pagar una prestación de viudedad y de orfandad a su esposa e hija.

Compraventa de viviendas

En la compraventa de viviendas, la entidades de crédito responderá solidariamente ante a los compradores si admiten el ingreso de cantidades anticipadas en una cuenta del promotor sin exigirle las debidas garantías. Así lo determina el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia del 21 de diciembre de 2015.

circular de la fiscal general

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (LJV), ha modificado las pautas generales de la intervención del Ministerio Fiscal en estos procedimientos. Tres son los supuestos que exige su actuación: expedientes que afecten al estado civil o condición de la persona; cuando esté comprometido el interés de un menor o el de una persona con capacidad modificada judicialmente; o, finalmente, cuando lo declare expresamente la ley.