La actividad de facilitar en un servidor web los enlaces o links a otras páginas que permiten el acceso de los usuarios a obras protegidas por los derechos de autor, supone un acto de "comunicación pública" de dichos contenidos y conlleva una pena de seis meses a cuatro años de prisión, además de multa de 12 a 24 meses. Así lo determina la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Circular del 21 de diciembre de 2105.
Cinco son los candidatos que optarán, el próximo 14 de enero, a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), según proclamó ayer, oficialmente, la Comisión Permanente de la institución.
Es sancionable la decisión o actuación del administrador de una empresa filial de un grupo que, beneficiando al grupo empresarial en su conjunto, perjudique a su propia sociedad. Incluso, cuando dicha actuación haya sido ordenada por la dirección del grupo o de la matriz.
La Comunidad Valenciana será la única autonomía que no aplicará en ninguno de los órdenes jurisdiccionales el objetivo del papel cero en las comunicaciones entre los profesionales y la Administración de Justicia, fijado en la última reforma de la Ley de Enjuciamiento Civil. Por su parte, Cataluña, Cantabria y el País Vasco no podrán ponerlo en marcha de forma completa: se aplicará en los órdenes civil, social y mercantil, pero no en el penal.
La Sala Primera del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena contra Uralita SA y Uralita Sistemas de Tuberías SA por los daños provocados a tres esposas de trabajadores de la empresa. En su condición de amas de casa, se vieron afectadas por manipular la ropa de sus maridos -una de ellas, incluso, falleció-, que contenía amianto.
Las restricciones y exigencias de la Unión Europea en el etiquetado y envasado del tabaco, así como la prohibición del tabaco mentolado prevista para el 20 de mayo de 2020, son acordes al Derecho comunitario.
A partir del 9 de enero comienza a aplicarse el Reglamento (UE) nº 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo. Una norma que regula la creación y funcionamiento unas plataforma a nivel europeo para la resolución extrajudicial de litigios entre consumidores y comerciantes, derivados de contratos de compraventa o de prestación de servicios suscritos online.
El ofrecimiento de pago no acompañado de la consignación de la cantidad estimada por parte de la aseguradora a la víctima de un siniestro no supone una de las causas justificadas, previstas en el artículo 20.8 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro (LCS), que exoneran a las entidades de seguros del pago de intereses de demora en la indemnización por un accidente.
Las Administraciones Públicas -excluyendo juzgados y tribunales-, así como las empresas, organizaciones y entidades que lleven a cabo un tratamiento de datos "a gran escala", tendrán la obligación de designar un delegado de protección de datos o DPO (del inglés, data protection officer).
La Justicia europea ha avalado el sistema español de ayudas para la financiación del sector de los astilleros puesto en marcha en 2002, en contra de la decisión de la Comisión Europea (CE) -con Joaquín Almunia como vicepresidente y comisario de la Competencia- , que, en 2013, lo había declarado ilegal por constituir una "ayuda estatal" y resultar "parcialmente incompatible con el mercado interior".