La Comunidad Valenciana será la única autonomía que no aplicará en ninguno de los órdenes jurisdiccionales el objetivo del papel cero en las comunicaciones entre los profesionales y la Administración de Justicia, fijado en la última reforma de la Ley de Enjuciamiento Civil. Por su parte, Cataluña, Cantabria y el País Vasco no podrán ponerlo en marcha de forma completa: se aplicará en los órdenes civil, social y mercantil, pero no en el penal.
Según informó el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, el problema de la Administración valenciana es que aún no dispone de la infraestructura necesaria para garantizar que la presentación de los escritos pueda realizarse a través de Internet.
En esta comunidad, explicó Catalá, se permitirá a los profesionales la comunicación a través del papel, porque debe primar el derecho al acceso a la Justicia.
Los casos de Cataluña y el País Vasco, por su parte, Justicia los atribuye a un "exceso de ambición". Según explicó el ministro, "han ido a sacar un 10 en el examen, y como no tienen para 10, no se examinan". Unos problemas, en cualquier caso, que de mostró confiado en que fueran de carácter "temporal".
El resto de comunidades autónomas cumplirán con el objetivo fijado para el 1 de enero de 2016. En Andalucía y Madrid, no obstante, el departamento señaló que existe algún retraso en el apartado de las notificaciones.
Catalá destacó la "normalidad" con la que se ha logrado la implantación de este sistema de comunicaciones y mostró su confianza en que los retrasos se solucionen en cuestión de semanas.
"Entiendo el vértigo que da cuando hay que cambiar de sistema", aseveró el ministro, que aprovechó su comparecencia para recordar las actuaciones y medios llevados a cabo por su departamento para asistir a las comunidades en el objetivo del papel cero. Entre ellas, el acceso al sistema LexNET y el desarrollo de la aplicación LexNETAPP.
Catalá también subrayó que se ha ampliado la capacidad del sistema para que, desde el próximo sábado -primer día laborable de 2016- puedan acoger toda la documentación que sea remitida.
Próximos cambios
Ésta no será la única medida de modernización e incorporación de las nuevas tecnologías a los juzgados y tribunales que se ponga en funcionamiento en los próximos meses. Tal y como recordó el ministro, a partir del 7 de julio, todas las Administraciones con competencias en materia de Justicia están obligadas a realizar la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales.
Además, a partir del 1 de enero de 2017, la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos con la Administración de Justicia se extenderá al resto de Administraciones y organismos públicos, así como a las fuerzas de seguridad.
Esta medida también se extenderá a las personas que, sin representación jurídica, estén obligadas a comunicarse a través de medios telemáticos. Asimismo, los ciudadanos tendrán derecho a comunicarse a través de Internet con la Justicia cuando no sea la intervención de un profesional.