La Justicia europea ha avalado el sistema español de ayudas para la financiación del sector de los astilleros puesto en marcha en 2002, en contra de la decisión de la Comisión Europea (CE) -con Joaquín Almunia como vicepresidente y comisario de la Competencia- , que, en 2013, lo había declarado ilegal por constituir una "ayuda estatal" y resultar "parcialmente incompatible con el mercado interior".
La sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), de 17 de diciembre, asevera que la decisión de la Comisión adolecía de "diversos errores y de una motivación insuficiente", por lo que declara su anulación.
El sistema español
El sistema diseñado por España permitía a las empresas navieras la adquisición de buques construidos por astilleros españoles con un descuento de entre un 20 y un 30 por ciento, a través de un imaginativo y complejo proceso de incentivos fiscales para su financiación.
Así, la naviera firmaba con el astillero un contrato de construcción, por un precio al que ya se le había aplicado la citada reducción. Tras ello, en la operación intervenía una sociedad de arrendamiento financiero -o leasing- que reemplazaba a la naviera, y celebraba con el astillero un nuevo contrato de compra, ya sin el descuento -por el 100 por ciento del precio-.
Esta sociedad, posteriormente, arrendaba el buque a una agrupación de interés económico (AIE) - cuyas acciones habían sido vendidas a diversos inversores-, que, a su vez, daba en arriendo el buque a la empresa naviera, con una opción de compra valorada en el precio total menos el descuento del 20-30 por ciento.
¿Cómo se financiaba, por tanto, el descuento que debía soportar la AIE? A través de un sistema de amortización anticipada y acelerada del buque, lo que provocaba grandes pérdidas y, así, los inversores de la AIE podían deducirse las pérdidas fiscales en proporción a su participación en la agrupación. Tras este proceso, el régimen fiscal aplicaba una exención total de los beneficios resultantes de la venta del buque a la naviera.
Tras recibir varias denuncias contra este sistema, la CE determinó que dichas medidas fiscales constituían una "ayuda estatal a las AIE y sus inversores" y que resultaban "incompatibles con el mercado interior". Por ello, condenaba a España a poner fin a este régimen y a recuperar todas las ayudas concedidas incompatibles con el Derecho europeo.
Falta de fundamento
El TGUE, sin embargo, acepta los argumentos presentados por España y tumba el criterio expresado por la Comisión.
La sentencia rechaza que el sistema fuera selectivo -que se destinara únicamente a la compra de buques en los astilleros españoles-, tal y como argumentó el Ejecutivo comunitario. El ponente del fallo, el magistrado Van der Woude, afirma que el beneficio se otorgaba "en idénticas condiciones, una ventaja a cualquier empresa que efectúe un cierto tipo inversión". Es decir, cualquier empresa o inversor podía participar en las AIE; cuestión distinta es el destino de la inversión de los fondos de la agrupación.
La CE también afirmó que las ayudas españolas suponían un falseamiento de la competencia y afectaban a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. Una acusación que, según el Tribunal, no fue suficientemente fundamentada.
"La Comisión estaba obligada a aportar más indicaciones que permitieran comprender de qué modo la ventaja obtenida por los inversores, y no la obtenida por las empresas navieras o los astilleros, podía falsear o amenazar con falsear la competencia", arremete el TGUE contra Bruselas.
Por todo ello, la sentencia anula la decisión de la Comisión "en su totalidad" y condena en costas al Ejecutivo comunitario.
Un impacto de 126 millones
Según los cálculos del Gobierno español el impacto de la devolución de las ayudas ascendía a 126 millones de euros. Una cifra, en cualquier caso, rechazada por Bruselas y que seguía en fase de negociación.
Tras conocer el fallo, el Gobierno español mostró ayer su satisfacción por la decisión y ha exigido explicaciones a Joaquín Almunia. La ministra de Fomento, Ana Pastor, aseguró que se ha demostrado "ante los tribunales y la Comisión Europea que teníamos razón cuando decíamos que el tax lease -el sistema diseñado- era compatible con el Derecho comunitario y con la necesidad de reactivación del sector naval". Pastor también exigió, tanto a Almunia como al PSOE, que "pidan disculpas".
De "excelente noticia" calificó el fallo el Gobierno vasco. La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, lamentó además, el "daño ocasionado a la reputación de los astilleros", aunque subrayó que han sabido "estar a la altura y responder a las amenazas y dificultades de la situación generada".
La Asociación de Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, presente también en el litigio, emitió una nota señalando que estudiará "todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados al sector naval privado español".
El litigio, en cualquier caso, puede no estar completamente cerrado. Desde Bruselas, la portavoz comunitaria, Lucía Claudet, aseguró que la Comisión examinará el fallo emitido por el TGUE para decidir si presenta un recurso contra el mismo. Este tipo de resoluciones cuentan con un plazo de dos meses a partir de su notificación para poder ser recurridos.