Es contraria al Derecho comunitario la ley de un Estado miembro que aplica la medida de prisión a un ciudadano que ha entrado de forma irregular en su territorio. Así lo determinan las conclusiones publicadas ayer del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar.
España sufrió, en 2015, dos condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en las que se apreció, al menos, la vulneración de un derecho fundamental. El total de sentencias que dictó la Corte sobre nuestro país fue de cuatro. En las otras dos no apreció violación por parte del Estado.
La exposición de pancartas, por parte de un sindicato y en el marco de un conflicto laboral, en las que se acusa a la empresa de "terrorismo empresarial" constituye una "crítica dura, pero no puede descontextualizarse", pues resulta evidente que la intención de los representantes de los trabajadores "no es imputar un delito -a la empresa-, ni asociarla con actos propiamente terroristas, sino criticar una política empresarial".
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer el nombramiento de Jesús María Barrientos Pacho como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña. Barrientos, que obtuvo 12 votos, sustituye así a Miguel Ángel Gimeno, que optaba a la reelección, pero tan solo recibió nueve sufragios.
Los acuerdos de refinanciación y las mediaciones concursales le ganan terreno a los concursos de acreedores, como solución ante una situación de insolvencia. Así lo acredita los datos publicados ayer por el Registro de Expertos de Economía Forense del Consejo General de Economistas (CGE), que certifican un notable aumento de estos mecanismos preconcursales en 2015, una tendencia que prevé que se mantenga también este año.
Los acuerdos de financiación y las mediaciones cobrarán protagonismo a lo largo de este año, frente a los concursos, que verán como su número se reduce. Son las conclusiones que se extraen de las cifras ofrecidas hoy por el Consejo General de Economistas (CGE), de acuerdo con un estudio elaborado por el Registro de Expertos en Economía Forense (REFOR).
El Parlamento Europeo (PE) reclama que los Estados miembros que hayan concedido una ayuda fiscal ilegal, no puedan beneficiarse de los importes recuperados a raíz de una infracción de la regulación sobre ayudas fiscales estatales, y pide que dicha cantidad sea transferida a los Estados miembros que hayan sufrido la erosión fiscal de sus bases o al presupuesto de la Unión Europea (UE).
La Fiscalía tan solo intervendrá emitiendo un dictamen sobre una cuestión prejudicial cuando sea parte en el procedimiento, o en los procesos para la defensa de derechos e intereses de consumidores y usuarios. En el resto de casos, según una Instrucción emitida por al Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, el Ministerio Público está excluido de participar.
La Fiscalía General del Estado publicó ayer la esperada Circular (1/2006) que ofrece los criterios para interpretar la nueva regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas introducida por la Ley Orgánica 1/2015, que reforma el Código Penal (CP).
La Unión Europea (UE) ultima la aprobación de la Directiva del Parlamento Europeo (PE) y la Comisión relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información en la Unión (con referencia 2013/0027/COD). Una norma que pretende garantizar una política coordinada contra los ataques o incidentes que se producen a través de las redes, y que impondrá a los Estados la creación de una autoridad independiente y la aprobación de un plan de lucha y respuesta contra los ciberataques.