Una de las dificultades para una adecuada percepción de la realidad inmobiliaria en España es que, cuando se trata de cifras (precios, compraventas, hipotecas, licencias, etc.) solemos hablar en media nacional o, como mucho, a nivel autonómico o provincial, lo que induce a pensar que la evolución del mercado es similar a lo largo de todo el territorio, cosa que dista mucho de ser cierta.
Varios han sido los factores que han desencadenado el actual auge del alquiler residencial como solución habitacional. Tras muchos años relegado en España a un papel más que secundario frente a la compra, las dificultades de los jóvenes para ahorrar, los bajos salarios y la inestabilidad laboral, sumadas a un cierto cambio de mentalidad de las últimas generaciones (que ponderan la flexibilidad de poder cambiar de residencia cada poco tiempo, y más partidarias del concepto del "pago por uso") han dado alas a un modo de habitar que, de inmediato, ha llamado la atención de los sectores promotor e inversor.
De un tiempo a esta parte, hemos visto cómo el tema de la ocupación ilegal ha ido ganando presencia en el foco informativo. Esté más o menos justificada la inquietud general respecto de este fenómeno, asunto que no se pretende juzgar aquí, lo cierto es que con poca frecuencia se oye hablar con exactitud y realismo de las consecuencias de este fenómeno sobre los propios inmuebles, más allá de las evidentes molestias y complicaciones sufridas por sus propietarios.