La protección de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad social y económica es una de las responsabilidades de los poderes públicos que, sin duda, debe ejercerse en toda su extensión, especialmente en momentos tan dramáticos como los que vivimos con una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes en la historia reciente.
Lo que no es admisible es utilizar la necesaria e imperiosa protección de los más desfavorecidos como coartada para limitar derechos fundamentales de todos los españoles, como la propiedad privada, reconocida en el artículo 33 de la Constitución y que se ha convertido en un elemento esencial de la convivencia y el bienestar social en nuestro país.
Y eso es precisamente lo que pretendía y va a consumar el Gobierno social comunista del presidente Pedro Sánchez y del vicepresidente Pablo Iglesias bajo el paraguas del Real Decreto Ley 1/2021, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, dado que avala las okupaciones ilegales y las convierte en un mecanismo más de acceso a la vivienda.
Se trata, en definitiva, de cambiar nuestro modelo de convivencia, al amparar la legalización u oficialización de la okupación de viviendas, paralizando desalojos aun cuando sean consecuencia de delitos de usurpación. Y lo hacen, además, hurtando a los ciudadanos la posibilidad de opinar, en la consulta y audiencia pública previstas en la legislación española.
Una opinión que prefieren evitar porque, como bien saben, los 'grandes tenedores' de viviendas a los que se refiere el ministro de Consumo, Alberto Garzón, son cuatro millones de pequeños ahorradores - en muchos casos pensionistas- que han invertido una parte de su fondo de pensiones en sociedades de viviendas, y a 2,3 millones de pequeños propietarios que reconocen recibir rendimientos de alquileres en la Declaración anual del Impuesto sobre la Renta.
Ciudadanos que, en muchos casos, están atravesando también grandes dificultades, a causa de la okupación ilegal, después de dedicar los ahorros de años de esfuerzo y privaciones a intentar garantizarse cierta tranquilidad económica en el futuro.
Todos sabemos que un consumidor vulnerable no es un okupa, una persona que está en situación de desahucio no es un okupa. A un okupa no se le desahucia, se le desaloja y al vulnerable, hay que protegerle.
Es inadmisible que se utilice la crisis para limitar los derechos fundamentales
Una protección que debe garantizarse pero no puede sustentarse en conculcar derechos fundamentales, como la propiedad privada, al legalizar la okupación ni infringir principios informadores de nuestro ordenamiento jurídico, como la seguridad jurídica, establecidos en la Constitución, que es lo que ha hecho el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos.
Esta es la forma de actuar a la que quiere acostumbrar el actual Ejecutivo para trasladar sus responsabilidades a los ciudadanos y a la Justicia en lugar de cumplir su obligación y, en este caso concreto, impulsar la construcción de vivienda pública o adquirir inmuebles de titularidad particular con la finalidad de aumentar la vivienda asequible, por poner dos ejemplos.
No es la primera vez que el Ejecutivo traslada sus responsabilidades a los ciudadanos
Estos son los motivos, junto a la ya tradicional opacidad del Gobierno de coalición, por los que los diputados del Partido Popular hemos votado en contra del citado Real Decreto Ley que, además, recurriremos ante el Tribunal Constitucional como hemos hecho con los decretos-leyes de okupación ilegal del Govern de la Generalitat de Cataluña -anulados ya por el Tribunal Constitucional-.