El Ministerio de Transporte ha publicado una orden en la que se autoriza a las comunidades autónomas para que puedan obligar a los propietarios de viviendas a dar "una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables".
Tras de esta afirmación se ve la mano del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y de los líderes de Unidas Podemos, partidarios de la incautación de la propiedad privada, vivienda y empresa incluidas, para solucionar los problemas de escasez de vivienda social y de medios para combatir la pandemia, y, ya de paso, amordazar a los medios de comunicación.
El propio Ministerio a través de sus redes oficiales desmentía que lo que se decía en la orden fuese lo que se quería decir y explicó a través de un Twitter cómo se tenían que leer los párrafos para darle un sentido distinto al que los especialistas en Derecho le dan. Un dislate que choca con el viejo aforismo latino de que "lo escrito, escrito está". Y máxime, cuando esta publicación apareció en el BOE días después de que el propio Pablo Iglesias hubiese aludido al artículo 128, que establece que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
Lo que olvidan decir los líderes de Unidas Podemos, incluido Pablo Iglesias es que para llevar a cabo actuaciones basadas en este artículo 128 deben ceñirse a los desarrollos legislativos, respetando la propiedad privada y el resto de los derechos fundamentales de la Constitución.
España tiene una larga tradición expropiatoria en el desarrollo de sus redes de comunicaciones, pero siempre a través de procedimientos regulados y con las compensaciones expropiatorias establecidas. Lejos de las actuaciones 'bolivarianas' que animan a parte del Gobierno de Pedro Sánchez. La Constitución hay que leerla completa, no acotando artículos o partes de artículos con lecturas interesadas.
Las alusiones de Pablo Iglesias contra la propiedad privada están poniendo en evidencia la política de Pedro Sánchez, que ha tratado de alejarle del área política del Gobierno, pero cuya influencia en los textos que se van aprobando es cada vez más clara, con mayor influencia.
España es un Estado de Derecho y como tal es fundamental el respeto a la Carta Magna y a las leyes. No se puede gobernar desde la ideología, porque vulnera los derechos y libertades fundamentales de los que los españoles nos hemos dotado con la Constitución.
Señala la Carta Magna en su artículo 47, que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, así como que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
El artículo 47 se refiere al papel de la Administración Pública para hacer efectivo este derecho, liberando a la iniciativa privada de su cumplimiento, a través de la calificación de suelo. Si es un bien escaso es un problema de las Administraciones que tienen el mandato de liberalizar para que haya suelo suficiente para cumplir con la Carta Magna y que haya suelo suficiente para crear vivienda social y evitar la especulación.
Sin embargo, nos encontramos ante un principio de política social en la Constitución, no de un derecho fundamental, como sí lo son los de propiedad privada, a la herencia o a la libertad de empresa. Por ello, su defensa nunca puede ser a costa de atacar los derechos y las libertades reconocidas en la Constitución.
Así lo establecieron los padres de la Constitución y así se han desarrollado las leyes estatales y de las comunidades autónomas sobre la vivienda. En su intento por dejar claro la diferencia, la plasmaron en la estructura de la propia Carta Magna, situando los Derechos fundamentales, de obligatorio cumplimiento, en el Título I y el resto, no tiene carácter vinculante, sino un mandato de regulación por parte del estamento político, como así se ha venido haciendo desde entonces.
Por ello, los partidos de inspiración comunista y anarquista vienen criticando la Constitución, además de hacerlo sobre aspecto como la Monarquía o la propia concepción del Estado. Como no es un derecho fundamental, por tanto, no puede estar por encima de los derechos y libertades que sí están así consideradas.
Como ocurre con otros artículos de la Constitución, Pablo Iglesias y los líderes de Unidas Podemos hacen lecturas parciales del articulado. Así, al referirse al artículo 47 hablan de su primera parte y olvidan mencionar la segunda, la queda competencias a los políticos para regular "la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Nada hay en la Constitución, por tanto, que sirva como coartada a la deriva bolivariana que Iglesias, por su propio interés político quiere impulsar.
