Sanciones de hasta 60.000 euros
Este 14 de febrero vence el plazo para que 3.800 empresas privadas y 2.452 públicas hayan realizado y registrado la auditoría de eficiencia energética de sus instalaciones a que obliga el Real Decreto 56/2016, con el que España traspuso -con más de año y medio de retraso- la Directiva europea 27/2012, y cuyo objetivo es conocer el estado de las organizaciones, sus consumos, sus emisiones de CO2... como un primer paso para, después, establecer planes de eficiencia energética que contribuyan al cumplimiento de los acuerdos de París y a combatir los efectos del cambio climático. La teoría está, pero no parece que las auditorías vayan a estar en tiempo y plazo. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Agua y Medio Ambiente