El corrupto y económicamente insostenible modelo territorial, es decir, el Estado de las autonomías, y sus negativos efectos en forma de deuda y déficit no es el único hándicap al que tiene que enfrentarse España en las próximas décadas.
El Servicio Público de Empleo (SEPE), que sustituyó al antiguo INEM, es una institución dependiente del Ministerio de Empleo que cumple con acreditada eficacia las funciones relativas a la gestión, tramitación y pago de las prestaciones a los desempleados. Pero, por el contrario, el citado organismo es incapaz de ayudar a los parados a encontrar un empleo.
El capitalismo de Estado padecido por España en las últimas décadas, junto con sus derivados en forma de intervencionismo de la economía y politización de la vida pública, ha resultado perjudicial para las empresas.
España no ha logrado cumplir el objetivo de déficit impuesto por Bruselas por dos factores fundameltalmente: el despilfarro de las corruptas e insostenibles Comunidades Autónomas, y en menor medida por el descuadre en las cuentas de la Seguridad Social.
El término 'smart city' o 'ciudad inteligente' responde a un concepto relacionado principalmente con el marketing empresarial, no obstante, el mismo también puede aplicarse perfectamente a la gestión pública.
Prisa perdió 2.236 millones de euros en 2014. En 2015 ganó 5,3 millones, aunque los ingresos de explotación del grupo disminuyeron en un 5,5%, hasta los 1.374 millones de euros, concretamente, el descenso reportado fue del 19,1% en el cuarto trimestre de 2015.
El desempleo estructural es el principal hándicap que lastra el mercado de trabajo en España- Se trata de un paro con efectos permanentes, y cuyo origen es poítico, provocado por las CCAA intervencionistas, que han multiplicado el empleo público subvencionado e innecesario.
La burbuja inmobiliaria y bancaria, provocada entre otros factores por la concesión masiva de créditos por parte de las entidades financieras y que colapsó hace ocho años el sistema financiero mundial, se ha ido desinflando lenta pero progresivamente.
Con la desconcertante parálisis política que ha provocado la convocatoria de nuevas elecciones, con sus consecuencias en forma de incertidumbre económica, los españoles no otean un horizonte laboral demasiado iluminado tras el 26J.
En virtud del principio de presunción de inocencia, cualquier "imputado" (o "investigado", como se llaman en la actualidad) en un proceso penal tiene derecho a ser tratado en calidad de inocente mientras una sentencia firme no establezca la correspondiente condena. Se trata de un derecho fundamental expresamente recogido en el Artículo 24.2 de la Constitución.