Lo que ha llevado este jueves a casi medio centenar de Estado y de Gobierno a la localidad moldava de Bulboaca era la cumbre de la Comunidad Política Europea. Un encuentro llamado a reiterar la unidad de cerca de cincuenta países al condenar la invasión militar rusa de Ucrania. Aunque en menor medida, hubo otro tema de fondo que captó la atención de los asistentes: el adelanto electoral convocado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La Comisión Europea ha mandado, este jueves, un ultimátum a España por no aplicar la directiva europea sobre Transparencia en las Condiciones de Trabajo a la legislación nacional, una norma que amplía la protección de los derechos laborales en toda la UE.
La inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, ha abierto un escenario de desafíos para una UE siempre pendiente de regular. Ha sido en esta ocasión de la mano de Estados Unidos que han lanzado un código de conducta voluntario que pretende atajar los riesgos que entraña esta tecnología emergente.
Cogía un tanto desprevenido a todo el mundo el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar la convocatoria electoral del diciembre previsto al 23 de julio. Los últimos comicios han sembrado revuelo, también, en el seno del bloque comunitario. Y es que en el segundo semestre de 2023 España ocupará la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, con una serie de expedientes legislativos que intentar zanjar antes de que cierre el año o, al menos, en los que tratar de avanzar. Pero de puertas adentro, España también debe presentar ante Bruselas la adenda del Plan de Recuperación, antes de final de agosto, y el cuarto pago de los fondos Next Generation, antes de final de año. Dos temas pendientes que condicionan un total de 104.300 millones de euros de dinero europeo para el país.
La Comisión Europea prepara el terreno de vuelta a la disciplina fiscal en la que pide esfuerzos en cuanto a gasto público a los países del euro. Esta misma semana ya señaló a España, reclamándole un ajuste del 0,7% del PIB en 2024, el equivalente a unos 9.700 millones de euros, si supera el techo de gasto del 2,6%. Europa ha señalado directamente a las medidas energéticas que implican un gasto de 8.000 millones, y de no prorrogar las ayudas y bonificaciones sobre el transporte el gasto público bajaría otros 1.600 millones que prácticamente cubrirían el ajuste que reclama el Ejecutivo comunitario.
España y los veintiséis Estados miembro restantes han sido sometidos a un exhaustivo análisis por parte de la Comisión Europea en el paquete de primavera presentado la semana pasada. Instó al Ejecutivo español a realizar un ajuste del 0,7% del PIB en 2024 si el gasto supera un aumento del 2,6%. También puso el foco en el desafío que suponen los elevados niveles de deuda a medio plazo. Pero más allá de eso, Bruselas ha llamado la atención sobre la ralentización del ritmo de crecimiento de la productividad.
Los Veintisiete aprueban extender la supresión del tributo aduanero a Ucrania y otean el horizonte en busca de nuevos vínculos comerciales. Los ministros de Comercio de la UE han dado el visto bueno este jueves a prolongar un año más la supresión de aranceles que se aplica a Ucrania. Una medida que se implementó tras la invasión militar rusa del país y que suspende de facto los derechos de aduana y las medidas de defensa comercial en las exportaciones del país al mercado único.
Tras las últimas decisiones de subidas de tipos de interés, el Banco Central Europeo se mantiene alerta ante la evolución de la inflación. El vicepresidente del organismo, Luis de Guindos, considera que el sector servicios es el componente "más preocupante" de la inflación subyacente y se une al mensaje lanzado por el Ejecutivo comunitario de retirar los apoyos económicos para paliar la crisis energética.
Pese a que el objetivo último de la política fiscal es conseguir llevar la deuda y el déficit a niveles inferiores del 60% y el 3%, la Comisión Europea advierte de riesgos a medio plazo para el pasivo español. En un análisis más detallado Bruselas observa que la ratio de deuda pública continuará en niveles "elevados" a medio plazo.
La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta para reformar la normativa sobre inversiones en la UE, que no prohibirá los incentivos para vender fondos de inversión pero sí elevará las exigencias para evitar aumentar la transparencia. Al amparo de la Retail Investment Strategy (RIS), el Ejecutivo comunitario busca atajar el conflicto de interés de las retrocesiones, es decir, la parte de las comisiones de gestión utilizadas como incentivo para la distribución de los productos de inversión colectiva.