El Gobierno planteó ayer a CEOE y sindicatos prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) hasta el 30 de septiembre. Como novedad, propuso castigar la continuidad de los asalariados en Erte con el fin de empujar a las empresas a ir retomando la normalidad y, a cambio, premiar la vuelta de las plantillas a la actividad.
El Ministerio de Trabajo tiene concluido, y pactado con los agentes sociales, el nuevo plan de Garantía Juvenil que estará vigente entre 2021 y 2027. Entre sus objetivos, poner en marcha un programa piloto para 2022 y 2023 que involucre a 15.000 empresas y asesore a 100.000 jóvenes individualmente para la mejora de su empleabilidad con contratos de prácticas o para la formación y el aprendizaje. Este plan incorpora el de Empleo Juvenil 2021 a 2023 que publicó la semana pasada este diario y cuyo fin es facilitar un primer empleo a los jóvenes en la Administración pública.
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo el lunes que se está abordando una "verdadera revolución en el mercado laboral español; una gran enmienda colectiva a lo que se ha hecho, a unas prácticas que no han sido correctas". Y la espina dorsal de esta "revolución" es terminar con la temporalidad, por lo que el contrato indefinido será la regla y el temporal la excepción que no se justificará en actividades con fuerte estacionalidad, como el turismo y la agricultura. Díaz matizó que "estacionalidad no implica precariedad" e insistió en que se potenciará la figura del fijo-discontinuo. Fuentes conocedoras de la negociación de la reforma laboral aclaran que la intención del Gobierno es establecer un listado de causas justificadas, mucho menos ambiguas que las actuales, que permitirán que un contrato sea temporal. Como ejemplos, la interinidad por sustituciones o hacer frente a nuevos pedidos.
La Inspección de Trabajo ha forzado hasta el 31 de marzo la conversión de 78.729 contratos temporales que estaban en fraude de ley en indefinidos, lo que significa haber alcanzado en el primer trimestre del año el objetivo marcado para todo el presente 2021. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en el programa 291 relativo a la Inspección y control de la Seguridad y Protección Social, se establece como objetivo en la persecución del empleo temporal fraudulento la revisión de 470.000 contratos a lo largo del año y la conversión en indefinidos de 80.000 de los revisados.
La estrategia diseñada por el Ministerio de Trabajo de concentrar todos los esfuerzos en el ámbito público para ayudar a las personas entre 16 a 29 años a incorporarse al mercado laboral con empleos adecuados, se repite para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. El Gobierno aprobará un presupuesto de 298 millones de euros que se destinarán fundamentalmente a convenios de colaboración con contenido económico entre la Administración General del Estado y administraciones públicas, autonómicas y locales, así como con el Tercer Sector de Acción Social.
Uno de los programas estrella del Gobierno en este segundo trimestre es el plan de empleo joven que se enmarca dentro del nuevo Programa de Garantía Juvenil Plus que está prácticamente pactado con las comunidades autónomas y los agentes sociales. Fuentes del Ejecutivo señalan que será el propio presidente Pedro Sánchez el encargado de hacer la presentación pública. Un plan que se sustenta casi en su totalidad en emplear a los jóvenes en las distintas administraciones dependientes del Estado, pero también de CCAA y entidades locales. De hecho, de los 745 millones de euros que se destinarán al plan, la práctica totalidad se emplearán en firmar convenios con aquellos organismos públicos interesados, aunque también para empresas.
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende que aquellas empresas que en un futuro se beneficien de bonificaciones a la contratación asuman un compromiso de no despedir. Así, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilienciala remitido a Bruselas -concretamente en la ficha relativa a las nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo- Trabajo ha comunicado a la Comisión Europea que los incentivos a la contratación deberán considerar en el caso de las empresas "el compromiso con la estabilidad de sus plantillas".
Los negociadores van tomando posiciones de cara a la apertura de la negociación para la prórroga de los Ertes que se inicia hoy y que debe estar completada antes del 31 de mayo cuando se agota el plazo legal para los actuales.
Empresarios y sindicatos de la construcción han hecho un esperanzador llamamiento "a los trabajadores y trabajadores de otros sectores, como la hostelería, el turismo y la agricultura, que se encuentran en situación de desempleo, para que entren en el sector de la construcción, donde las empresas están demandando mano de obra cualificada, más aún si se aprueban los planes procedentes de los Fondos Europeos Next Generation". Un llamamiento que se realizó en la presentación virtual del Informe de balance sectorial de la construcción 2020, realizado por la Fundación Laboral (FLC) de la Construcción que conforman la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y los sindicatos CCOO y UGT.