Economía

La Administración empleará a los beneficiaros del IMV

  • En 2024 se evaluará la efectividad del IMV en España
Madrid

La estrategia diseñada por el Ministerio de Trabajo de concentrar todos los esfuerzos en el ámbito público para ayudar a las personas entre 16 a 29 años a incorporarse al mercado laboral con empleos adecuados, se repite para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. El Gobierno aprobará un presupuesto de 298 millones de euros que se destinarán fundamentalmente a convenios de colaboración con contenido económico entre la Administración General del Estado y administraciones públicas, autonómicas y locales, así como con el Tercer Sector de Acción Social.

El objetivo es crear puestos de trabajo para los beneficiarios del IMV, pero también para aquellas que cobran ayudas de las comunidades autónomas y otras personas en situación o riesgo de exclusión social.

Según el plan de Reestructuración, Transformación y Resiliencia, los empleos para estos colectivos empezarán a ofertarse en 2022. En concreto, se señala la firma de 8 convenios bilaterales de colaboración con agentes relevantes para la inclusión social, entre los que se incluirán administraciones públicas autonómicas o locales y el Tercer Sector de Acción Social y para el siguiente año del plan, 2023, se prevé la firma de 10 convenios más.

Al principio de 2024 se publicará una evaluación sobre la cobertura, efectividad y éxito del Ingreso Mínimo Vital, incluyendo recomendaciónes para aumentar el nivel de solicitud y mejorar la efectividad de las políticas de inclusión social.

El Ministerio de Trabajo justifica el plan a la Comisión Europea destacando que España se encuentra entre los países más desiguales de la Unión Europea como consecuencia de la crisis económica y de la "limitada eficacia de los instrumentos disponibles de redistribución económica, de lucha contra la pobreza y apoyo a los colectivos más vulnerables". Un argumento que sustenta apuntando que en 2008, el total de las rentas del 20% más rico de la población española multiplicaba por 5,6 a la del 20% más pobre. Una diferencia que aumenta a 6 en 2018 tras "años de recuperación económica".

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