El Ministerio de Trabajo y las consejerías de Empleo de las comunidades autónomas dieron ayer el visto bueno a la Estrategia de Políticas Activas de Empleo que regirá desde el presente año hasta 2024. Tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo, la vicepresidenta tercera y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, destacó que la Estrategia fue aprobada por unanimidad de las 17 comunidades autónomas más las dos ciudades autónomas. Igualmente hubo un amplio consenso en el reparto de los 2.110 millones de euros que el Ministerio traspasará este año a las comunidades para desarrollar las políticas activas de empleo. Según explicó la ministra, todas votaron a favor, a excepción de Murcia.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se compone de 110 inversiones -por más de 70.000 millones de euros para los próximos tres años- y 102 reformas y dio el visto bueno a su remisión a Bruselas antes del 30 de abril, fecha recomendada por la Comisión Europea. La ministra portavoz, María Jesús Montero, no desveló nuevos detalles del plan, salvó que consta de más de 2.000 folios y que en los próximos días los distintos ministerios irán desgranando las medidas e inversiones de forma más concreta. Un plan que el Gobierno aprueba sin ser negociado ni consensuado con el Partido Popular -como recomienda Bruselas- según puso ayer de manifiesto el principal partido de la oposición.

El Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea (CE) a remitir esta semana su plan de reformas, al que se condicionan los 140.000 millones de euros de los fondos comunitarios Next Generation. Ya no será el primer país que cumpla con este trámite como pretendía el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pues Portugal se adelantó el pasado jueves 22.

España es el Estado más retrasado de la UE en la gestión de los fondos de cohesión correspondientes al presupuesto comunitario 2014-2020, lo que ha llevado a que a día de hoy aún queden 18.400 millones (sobre un total de 39.927) pendientes de ejecutar por parte de las empresas españolas, a pesar de que el presupuesto terminó el 31 de diciembre. De ellos, 15.600 millones incumben a proyectos ya puestos en marcha -la mayoría en los dos últimos año-, que todavía no han finalizado y, por tanto, Bruselas no los ha pagado. Y los 2.800 millones restantes son el remanente del dinero consignado a España que no ha salido a licitación y no están asignados a proyectos concretos.