Madrid
España es el Estado más retrasado de la UE en la gestión de los fondos de cohesión correspondientes al presupuesto comunitario 2014-2020, lo que ha llevado a que a día de hoy aún queden 18.400 millones (sobre un total de 39.927) pendientes de ejecutar por parte de las empresas españolas, a pesar de que el presupuesto terminó el 31 de diciembre. De ellos, 15.600 millones incumben a proyectos ya puestos en marcha -la mayoría en los dos últimos año-, que todavía no han finalizado y, por tanto, Bruselas no los ha pagado. Y los 2.800 millones restantes son el remanente del dinero consignado a España que no ha salido a licitación y no están asignados a proyectos concretos.
A estos 2.800 millones, que según los expertos urge materializar en nuevas convocatorias, se han de sumar otros 10.900 millones que deben licitarse este 2021 del fondo React-UE, uno de los dos creados por la Comisión Europea (CE) para hacer frente al Covid dentro del programa de Recuperación Next-Generation. El React-UE nace como complemento a los Fondos de Cohesión y aporta una financiación adicional de los proyectos ya en marcha del presupuesto 2014-2020.
Además, a partir del segundo semestre de este año, las empresas españolas se encontrarán con una avalancha de ayudas directas e inversiones ligadas al segundo fondo Next-Generation, el MRR (Mecanismos para la Recuperación y Resiliencia). Pensado para proyectos ex novo, busca además de reactivar la economía europea, modernizarla. Para este año, los Presupuestos Generales del Estado han recogido 24.198 millones de euros procedentes del fondo MRR.
Trece puntos de diferencia
Medido según los gastos declarados por los beneficiarios de los proyectos, España se coloca a la cola de todos los países UE con el 43% de los 39.927 millones concedidos por la CE para el periodo 2014-2020. Son trece puntos por debajo de la media comunitaria. Fuentes de la CE señalan a elEconomista que quedan pendientes por abonar a España 15.600 millones. A tal fin ha concedido una moratoria de 3 años, hasta el 31 de julio de 2024 para acreditar los gastos y reclamarlos.
Remarcan también estas fuente que en 2021 España se beneficiará de la financiación adicional del React-UE aunque debe gastarse y reclamar su abono también antes del 31 de junio de 2024. A estas ayudas hay que sumar los proyectos del fondo MRR, con 70.000 millones en ayudas directas que deben estar en marcha en los próximos tres años, y otros 36.200 millones de los fondos de cohesión hasta 2027.
Sin embargo, aunque estas fuentes comunitarias apuntan que restan por abonar 15.600 millones, según la web del organismo, de los 39.927 millones asignados solo se han pagado 19.831 millones lo que arroja un saldo de 20.096 millones. Parte de la diferencia se explica en que a 31 de diciembre de 2020 quedaban fondos por asignar, pues los recursos concedidos a proyectos suponen en España del 93% del dinero concedido, frente al 101% de media europea.
Por encima del 100%
La CE permite la sobreejecución, es decir pedir dinero por encima de las ayudas concedidas, para que se agoten todos los fondos comunitarios. El exceso de dinero se cubre con las aportaciones nacionales, que para el conjunto 2014-2020 han sido 16.624 millones aportados por el Gobierno central español y las comunidades autónomas. Así, el conjunto de ayudas ha sumado un montante de 56.552 millones.
Por tanto, de la aportación de la UE queda un 7% de los fondos sin asignar a proyectos, el equivalente a 2.800 millones. Así pues, entre los 15.600 millones que la CE dice faltan por abonar y los 2.800 millones sin asignar, España suma 18.400 millones pendientes de ejecutar.
Desde Hacienda señalan que España gastará todos los fondos asignados como en anteriores programas con una ejecución superior al 99%. Además, frente al índice de los gastos declarados por los beneficiarios, Hacienda hace hincapié en que los pagos ya realizados por la Comisión suponen el 50% del total de los fondos concedidos, frente al 58% de la media comunitaria. Desde la CE confirman dichos datos, pues hay una diferencia entre los gastos que han sido acreditados ante la Comisión y el que ya se ha abonado, que suele ser mayor debido a los fondos adelantados en prefinanciación.
En cualquier caso, medido por el gasto validado o por el dinero ya abonado, España sigue rezagada frente al resto de países. Las fuentes de la CE explican los retrasos en la ejecución de los programas españoles por el inicio tardío del período de programación 2014-2020 (la mayor parte se aprobó en 2015 y comenzó a ejecutarse en 2016), las limitaciones presupuestarias (especialmente de las autoridades regionales y locales) o el solapamiento del inicio de los programas con el cierre del período 2007-2013.
Algo que queda patente en las cifras de ejecución que publica la CE. En 2017, ecuador del programa, España solo había asignado a proyectos el 29% del total de los fondos concedidos para los siete años. De media, el conjunto de la UE ya tenía el 50%. Solo Italia estaba por debajo, con un 27%, pero reaccionó y a finales de 2020 tenía ya proyectos por valor del 98% de sus fondos, frente al 93% de España.
La socia de PwC experta en fondos comunitarios Maribel Morillo apunta que en 2015 no estaban todavía nombrados los organismos intermedios encargados de la gestión de muchos fondos. Por su parte, el director de ayudas internacionales del Fi Group, Alex Álvarez, señala como otra causa de retraso que muchos programas, especialmente de las comunidades autónomas, no agotan la totalidad de sus presupuestos. El dinero sobrante se remite al Estado para que lo asigne a nuevas convocatorias. Igualmente pesan los cambios de Gobierno, tanto central como autonómicos, que suelen demorar la aprobación de los programas y la selección de los proyectos.
Morillo explica que la CE, deseosa de que los Estados agoten todos sus recursos, permite que aunque el programa 2014-2020 ya esté cerrado, se convoquen nuevos programas a cargo de los fondos sin asignar. Lo que significa que el Gobierno dispone todavía de 2.800 millones para gastar, aunque los proyectos deben estar terminados y auditados antes del 31 de junio de 2024.
La socia de sector público de EY, Silvia López-Palomino, pone también en la parte positiva la posibilidad de utilizar los fondos React-UE para cofinanciar proyectos ya en marcha. Lo que significa que una empresa española que siga ejecutando un proyecto puede obtener ayudas adicionales hasta completar el cien por cien de la inversión. Podría resultar interesante esperar a que salgan las ampliaciones de los programas ya en marcha, señala.
Desde la CE animan a los Estados miembros y a las regiones a utilizar esta prefinanciación procedente de los fondos React-UE para abonar anticipos a los beneficiarios de los proyectos, a fin de reforzar su liquidez financiera. "La tasa de financiación de la UE de hasta el 100 %, muy generosa, también contribuirá al rápido despliegue de esta financiación adicional", señalan las fuentes comunitarias.
Acelerar los procesos
El director de ayudas internacionales de Fi Group incide, no obstante, en la necesidad de acelerar los procesos y adoptar medidas que faciliten la entrada de las empresas en nuevos programas o ampliar los proyectos en los que están trabajando. "Con el plan Next-Generation tenemos un gran reto, pues se juntan muchos fondos. Además, hay que flexibilizar la norma para acceder a ayudas que sobrepasan los límites impuestos por la Comisión para los grandes proyectos tractores". Y pone como ejemplo a Francia que ya ha puesto proyectos en marcha adelantando la financiación a cuenta de los fondos UE.
La socia de EY también se muestra preocupada por el solapamiento de los fondos del plan anterior y de los nuevos. Aun así, ve a las empresas españolas animadas, con ganas de ir a los proyectos financiados por la UE. Pero recomienda que nadie invente proyectos, sino que adelante los que ya tenía pensados.
