El Tribunal Constitucional acaba de dar un disgusto serio a los Ayuntamientos de todo el país al anular el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como impuesto de plusvalía. Sin embargo, como nunca llueve a gusto de todos, se trata de una buena noticia para los ciudadanos, sobre todo para aquellos que pueden recuperar el dinero pagado de forma injusta y para los que, a partir de ahora, no tendrán que asumir este impuesto.
Aún recuerdo aquel caso en el que un demandante de empleo en EEUU detalló en su currículo todos y cada uno de los fracasos laborales que había tenido a lo largo de su vida profesional. Esa transparencia curricular resultó ser una verdadera noticia en España, un país en el que no sólo se ocultan los fracasos laborales, sino que se suele derrochar inventiva a la hora de exponer los supuestos éxitos, e incluso las titulaciones formativas que se poseen.
Esta semana el Gobierno hacía público su acuerdo con la formación con la que comparte el ejecutivo acerca de la nueva Ley de Vivienda, y el revuelo formado por la noticia y el ruido provocado por los diferentes partidos no hace más que aumentar, provocando una alarma que puede llevar a la desinformación generalizada de la población.