El servicio de estudios de la aseguradora Mapfre presentó ayer por primera vez su Panorama Económico y Sectorial 2017, con el que trimestralmente dará a conocer sus previsiones macroeconómicas nacionales e internacionales. En esta primera edición la entidad constató que el efecto de los vientos de cola "tienden a aminorarse para España", por lo que la economía notará una leve desaceleración y crecerá este año un 2,4%, un punto menos de lo que estimaron para el año 2016 (3,4%).
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada Fedea lleva tiempo advirtiendo de que los cambios demográficos que se avecinan en España harán impagable el sistema de pensiones tal cual lo conocemos. Ayer mismo, a través de la difusión de un estudio elaborado por José Ignacio Conde Ruiz, el think tank pronosticó que el déficit de la Seguridad Social, ahora poco por encima de los 18.000 millones de euros, se situará en 78.000 millones (cuatro veces más) dentro de 30 años. Y eso como mínimo, pues el experto ha supuesto en su investigación que nuestro país alcanza una tasa de empleo del 73% (ahora es del 61%) y que las proyecciones demográficas del INE son ciertas.
El creciente coste de la partida dedicada al pago de los 9,4 millones de pensiones y el incremento, por primera vez en tres años, del dinero para pagar los intereses de la deuda pública, por encima del 99%, van a propiciar que solo estos dos capítulos se coman la mitad de todo el gasto del Estado a lo largo de 2017. En concreto, pensiones e intereses costarán al erario público algo más de 173.000 millones sobre un gasto total previsto de 346.000 millones, en torno al 50,1% del total.
La Unión Europea toleró la demora por el desgobierno, pero amenaza ahora con "un proceso de infracción". Según Juncker, "el retraso perjudica a ciudadanos y empresas y puede causar inseguridad jurídica".
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, confía en un aumento de los ingresos tributarios tres veces superior al del crecimiento previsto para 2017. Así se desprende de los documentos internos que él mismo maneja y que ayer desgranó ante la Comisión del ramo en el Senado. Mientras el PIB aumentará, según todas las previsiones, entre un 2,3% y un 2,5%, la recaudación lo hará un 7,8%, superando en total los 202.000 millones y batiendo incluso la marca del histórico año 2007. Editorial | Unas previsiones fiscales cuestionables
Lo dijo ayer el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en el Senado. Y dejó a más de uno sorprendido: más de 14 millones de españoles, casi un tercio del total, cobran algún tipo de prestación de manos de las Administraciones Públicas. Los 9,5 millones de pensionistas, los 3,7 millones de desempleados y casi otro millón de personas en riesgo de exclusión -y que reciben ayudas, casi siempre, de las comunidades autónomas en las que residen- protagonizan la partida más voluminosa de gasto público: más de 191.000 millones en este 2017.
El Observatorio Empresarial contra la Pobreza acaba de presentar un estudio en Madrid que, más que números, refleja dramas: nada más y nada menos que 400.000 jóvenes de entre 16 y 29 (el 19,2%) ni estudian, ni trabajan, ni buscan empleo de forma activa; la tasa de paro en este segmento de edad alcanza el 34%; y el 58% de los mismos se enfrenta a un futuro en riesgo de exclusión social.
Tras ocho años con un expediente abierto por déficit excesivo y un 2016 de infarto por el desgobierno y las amenazas de multa por parte de Bruselas, el Ejecutivo contará este año con un margen extra de 2.000 millones de euros en el desvío presupuestario, tal y como sugieren las autoridades comunitarias en sus últimas consideraciones sobre España. Un leve respiro que permitirá, si el crecimiento previsto se mantiene, mantener los planes económicos tal cual y no adoptar ninguna medida tributaria adicional, tal y como pronosticó la semana pasada el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El Ministerio de Hacienda se enfrenta a la posibilidad de perder decenas de miles de millones de euros por el enorme retraso a la hora de resolver litigios de los contribuyentes con la Agencia Tributaria. En concreto, los Tribunales Económico Administrativos, a los que acuden esos contribuyentes en sus conflictos con el fisco antes de recurrir a la justicia, acumulan más de 300.000 requerimientos sin resolver.
Si la instauración del leve copago farmacéutico causó un enorme revuelo en la pasada legislatura, la intención de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, de "revisar" los 18 euros mensuales que hoy abonan quienes perciben una pensión anual superior a los 18.000 euros puede causar estragos al Gobierno. La medida, que de llevarse a cabo implicaría un aumento del coste en los medicamentos, afectaría según cálculos de este periódico a algo más de 1,8 millones de jubilados, beneficiarios de 14 pagas mensuales al año por valor de 1.285 euros brutos.