La Unión Europea toleró la demora por el desgobierno, pero amenaza ahora con "un proceso de infracción". Según Juncker, "el retraso perjudica a ciudadanos y empresas y puede causar inseguridad jurídica".
España se enfrentará a la apertura de una serie de procedimientos de infracción europeos si retrasa aún más la incorporación de hasta 20 Directivas comunitarias a la legislación vigente, normas legales que el Gobierno debió adaptar a lo largo del año pasado y que a mediados de enero continuaban en el limbo jurídico. Así lo asegura el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, en una respuesta escrita al europarlamentario socialista Ramón Jáuregui a la que ha tenido acceso este periódico. En esa misiva, fechada el pasado 19 de diciembre, Juncker reconoce que Bruselas "puede abrir procedimientos sancionadores", porque el retraso "impide a ciudadanos y empresas aprovecharse de beneficios legales y genera inseguridad jurídica".
Las citadas 20 Directivas, cuyo plazo de adaptación ya ha concluido en todos los casos, afectan a numerosas áreas. Así, hay una que establece sanciones penales por posiciones empresariales de abuso de mercado; otra que introduce reglas para el uso de vehículos de inversión dedicados al sector inmobiliario; una más que propicia resoluciones alternativas al litigio en materia de consumo; otra que regula mejor los procesos de contratación pública y la adjudicación de contratos de inversión; y hasta otra que pone condiciones al desplazamiento de trabajadores en el seno de un Estado y entre diferentes países miembros.
No hay excusa con Gobierno
El año pasado, y a consecuencia de los diez meses de desgobierno, la Comisión no apretó las tuercas al Ejecutivo de Mariano Rajoy, en funciones, para la incorporación de las citadas Directivas. No solo eso: desde La Moncloa se utilizó en varias ocasiones el argumento de que España no podía demorar más la incorporación de estas normas a la legislación nacional, porque si lo hacía podría terminar siendo multada por Bruselas. Una razón que se esgrimía semana sí y semana también en el Consejo de Ministros como herramienta de presión a la oposición, que era en último término quien impedía a Rajoy la formación de un nuevo Gobierno.
Pues bien, a 20 de enero transcurren ya casi tres meses desde que el presidente obtuvo la confianza del Congreso de los Diputados y, desde entonces, nada ha cambiado. El Ejecutivo ni siquiera ha citado públicamente la cuestión de las Directivas, que parecen haber caído en el olvido. La respuesta parlamentaria de Juncker, sin embargo, puede suponer otro motivo de intranquilidad para las autoridades, que mantuvieron relaciones complejas con la Comisión el año pasado también por el exceso de déficit.
"Desde el punto de vista de la responsabilidad política no hay ninguna razón que justifique el incumplimiento de España de la transposición de estas Directivas", explica a elEconomista Ramón Jáuregui, que fue quien dirigió la pregunta a Juncker en el mes de octubre. Es más, el que fuera ministro de Presidencia con José Luis Rodríguez Zapatero recuerda que la UE ni siquiera considera como excusa para el retraso el hecho de que un Gobierno esté en funciones. Es lo mismo que dice el presidente de la Comisión en su carta de respuesta: "No se pueden incumplir las obligaciones y plazos establecidos por una Directiva para su transposición", advierte.
Jáuregui ve "previsible" que la Comisión "active sus prerrogativas para urgir a España a que cumpla sus obligaciones". Si es así, la Comisión comenzará enviando una carta de emplazamiento al Gobierno para preguntarle por esta cuestión, y si no obtiene una respuesta satisfactoria, tendrá que acudir al Tribunal de Justicia de la UE.
Las multas, a tanto alzado
El camino del proceso de sanción es largo y tortuoso y puede llevar años antes de desembocar en multa institucional, si bien la compleja situación de la Unión Europea tras el Brexit y el hartazgo de países como Alemania u Holanda con otros Estados habitualmente incumplidores de metas fiscales pueden endurecer el brazo corrector europeo. Más con un país que acumula el mayor desvío presupuestario de toda la Unión.
Las multas, en caso de producirse, se imponen a tanto alzado. España ya bordeó una sanción de 6.000 millones el año pasado por el exceso de déficit.
Tercer país con más expedientes abiertos de Europa
Según la última relación conocida de las causas abiertas contra España por conflictos entre legislación nacional y legislación comunitaria, el nuestro es el tercer país, tras Grecia e Italia, que acumula un mayor número de procedimientos en el seno de la Unión Europea. Es más, solo estos tres Estados miembros acumulan hoy día más de 2.000 expedientes (el cuarto es Francia), si bien ninguno de ellos ha terminado con la imposición de una multa coercitiva -distinta de las que impone el Tribunal europeo de Justicia- por parte de Comisión y Consejo Europeo. Solo Polonia, en dos ocasiones hasta la fecha, ha recibido multas de las instituciones comunitarias en la historia de la UE.
