Tras ocho años con un expediente abierto por déficit excesivo y un 2016 de infarto por el desgobierno y las amenazas de multa por parte de Bruselas, el Ejecutivo contará este año con un margen extra de 2.000 millones de euros en el desvío presupuestario, tal y como sugieren las autoridades comunitarias en sus últimas consideraciones sobre España. Un leve respiro que permitirá, si el crecimiento previsto se mantiene, mantener los planes económicos tal cual y no adoptar ninguna medida tributaria adicional, tal y como pronosticó la semana pasada el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Porque ayer la Comisión se pronunció sobre el último plan presupuestario remitido a las instituciones europeas, en el que España se compromete a cumplir un déficit del 3,1% en 2017 gracias al aumento de Sociedades, la nueva fiscalidad medioambiental, el endurecimiento de los aplazamientos y la subida de Alcohol y Tabaco. Medidas, todas ellas, con las que el Ejecutivo pretende ahorrar 7.500 millones de euros, la mitad de toda la reducción del déficit. La otra mitad correspondará al ciclo económico y al esperado aumento de ingresos.
Un apoyo exigente
A través de un comunicado, Bruselas subrayó que el Gobierno incumplirá el objetivo del 3,1% y finalizará el año en el 3,3%, es decir, 2.000 millones de euros más de lo exigido. Pero pareció no otorgar importancia a ese leve desvío; valoró positivamente las medidas tomadas por Moncloa para embridar las cuentas y únicamente "invitó" a las autoridades a aprobar más ajustes si se aprecian desvíos adicionales sobre las previsiones que manejan Madrid y la Unión Europea en estos momentos.
"La Comisión considera que España ha efectuado progresos en respuesta a los requerimientos del Consejo Europeo para fortalecer su marco fiscal y sus finanzas públicas", asegura el comunicado, que llegó justo después de la reunión del equipo de Jean Claude Juncker, en el que también se analizaban las finanzas de Lituania. Además, los comisarios creen que las líneas maestras que el Gobierno dibujó en el citado plan presupuestario se adecúan a las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que obliga a dejar el déficit por debajo del 3% (sucederá en 2018).
Ahora bien: pese a que la presión se afloja -quizá teniendo en cuenta los 10 meses de interinidad de Mariano Rajoy y los buenos datos de PIB y empleo que está registrando nuestro país-, Juncker y su equipo también dejan la puerta abierta a exigir más contención del gasto.
Así, invitan al Ejecutivo a adoptar nuevas medidas si se aprecian desvíos, y lanzan un llamamiento para que se sigan aprobando reformas estructurales y se refuerce el marco fiscal, sin precisar cómo. Hace unas semanas el FMI sugirió a España subir el IVA reducido, ahora en el 10%, medida a la que el Gobierno -por ahora- se niega.
La deuda, otro respiro
Ayer, en general, fue un buen día para el equipo económico del Gobierno. Por la mañana se conoció que la deuda pública había experimentado una bajada de más de 4.000 millones en noviembre, situándose en los 1,09 billones y retrocediendo al 98,7%. El Ministerio de Economía reaccionó con celeridad y aseguró que el objetivo del año 2016, del 99,4%, "se va a cumplir a tenor de los datos publicados por el Banco de España". Y por la tarde llegó el veredicto de Bruselas al plan presupuestario, que fue recibido incluso con recocijo. "El plan cumple ampliamente las recomendaciones que había hecho Bruselas, y lo más importante es que la Comisión no pide medidas adicionales aunque estemos vigilantes", aseguró el titular del Ministerio, Luis de Guindos.
A juicio del ministro, las subidas de impuestos de los últimos meses van a permitir que España respete el déficit de 2016, del 4,6%, y también de 2017, del 3,1%. Guindos explicó que la divergencia de dos décimas en torno a ese desvío se explica porque el Gobierno augura un avance del PIB dos décimas mayor.
