Al menos una treintena de grupos empresariales, mayoritariamente constructoras, se ha visto salpicada por la presunta trama del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid para obtener fondos públicos para el PP madrileño. El mecanismo consistió en introducir en los pliegos de licitación de los contratos de construcción y explotación de infraestructuras como hospitales, colegios y carreteras una cláusula para que las empresas adjudicatarias reservaran un 1% del presupuesto para hacer publicidad y promoción de las obras en medios de comunicación. Sin embargo, estas partidas terminaban en la caja b del partido conservador, según consta en un auto del juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica.

Juan Carlos Escribano, presunto testaferro del excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, mantiene bajo su control media docena de empresas, que suman activos por un importe conjunto de 18,26 millones de euros, de acuerdo con los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil. La más importante de todas ellas es Cenyt Salud, que suma 7,96 millones.

Deliveroo está impulsando una diversificación de su modelo de negocio ante las últimas sentencias judiciales que le obligan a contratar a los repartidores que trabajaban para la firma como falsos autónomos. En este sentido, la compañía ha implantado Marketplace+, una plataforma desde la que presta ya sus servicios a casi 600 restaurantes en toda España, esperando poder superar los 1.000 a finales del año. Se trata de un modelo similar al que utiliza uno de sus máximos competidores en el sector del reparto de comida a domicilio, Just Eat, que, frente a lo que le ha ocurrido a Deliveroo, no ha tenido ningún tipo de problema con los inspectores de trabajo.

Las tecnológicas concentran en Holanda, Luxemburgo e Irlanda gran parte de su negocio europeo