El escenario de pactos, acuerdos de Gobierno y negociaciones que se abre tras los comicios del domingo tendrá un efecto claro sobre la economía española. Es la conclusión que extraen los expertos consultados por elEconomista, para quienes la incertidumbre que ese marco genera hará mella en la inversión productiva. Los economistas advierten de que este tipo de inversiones se parará por completo, al menos hasta después de las elecciones generales, con el consiguiente impacto sobre el crecimiento.
En esta jornada de reflexión, toca hacer balance de la legislatura lo que, en el caso de las autonomías, ofrece titulares bastante llamativos. Si tenemos en cuenta las principales referencias macroeconómicas, podríamos decir que ésta ha sido una legislatura de aumento generalizado de la deuda, de rebajas contadas del desempleo, de manguerazo de ayudas públicas a las regiones y en la que el sector inmobiliario ha visto cómo los precios de la vivienda seguían cayendo.
La economía madrileña acumula ya dos años seguidos de crecimiento intertrimestral. Su avance fue del 0,9% entre enero y marzo, en relación al trimestre previo, con una mejora generalizada de todos los sectores económicos y respaldado, además, por el tirón que registra el consumo de los hogares (del 2,7%). En términos interanuales, el PIB regional repuntó un 2,9%, es decir, tres décimas por encima de la media nacional. El Ejecutivo autonómico prevé que Madrid pueda crecer al 3,3% este ejercicio, si bien fuentes del Gobierno aseguraron a elEconomista que este cálculo es prudente y que podría verse fácilmente superado.
Cristina Cifuentes está dispuesta a dar la batalla por la financiación autonómica, un asunto en el que se mostrará "absolutamente combativa y reivindicativa". La candidata del PP a la Comunidad de Madrid no rechaza, sin embargo, la posibilidad de que la autonomía pueda acudir a los mecanismos de liquidez puestos en marcha por el Gobierno central, un asunto en el que se desmarcaría del actual Ejecutivo de Ignacio González.
Los autónomos afectados por los retrasos en los pagos del sector público tienen muy claro qué medidas deberían aprobarse para paliar de una vez por todas este problema, que se ha llevado por delante muchos negocios a lo largo de la crisis -unos 200.000 de acuerdo con los datos de que disponen las principales organizaciones de trabajadores por cuenta propia-.
Desde el pasado 15 de enero, los proveedores del sector público están obligados a facturar a la Administración por vía electrónica, siempre que los bienes o servicios que les suministren superen los 5.000 euros. Este sistema que, en la práctica, puede servir para hacer frente de una vez por todas al retraso en los pagos de las Administraciones, se está encontrando con importantes escollos en sus primeros meses de funcionamiento.
Los partidos políticos, los sindicatos y las patronales que se financien mayoritariamente con dinero público van a estar obligados por ley a convocar concursos públicos y a publicitar e informar de todos los contratos de obras y servicios que firmen. Además, no optarán a acuerdos públicos las empresas que paguen tarde a sus proveedores.