Desde el pasado 15 de enero, los proveedores del sector público están obligados a facturar a la Administración por vía electrónica, siempre que los bienes o servicios que les suministren superen los 5.000 euros. Este sistema que, en la práctica, puede servir para hacer frente de una vez por todas al retraso en los pagos de las Administraciones, se está encontrando con importantes escollos en sus primeros meses de funcionamiento.
Según explican a elEconomista desde el sector de la facturación digital, muchos organismos siguen sin contar con el punto de entrada necesario para recibir estos documentos. Esto obliga a los proveedores a enviarles su facturas en papel -con lo que estarían incumpliendo la ley- y retrasa el periodo de cobro de las mismas, elevando la deuda del sector público.
"A día de hoy todavía hay miles de entidades públicas que aún no se han adherido al punto de entrada y están en todos los niveles, ya sea estatal, autonómico o local", explica Alberto Redondo, director de Márketing de Seres, la empresa líder del sector. Según puntualiza, en el caso de ésta última, de la Administración local, existen más entes en esta situación, "por lo que el problema es mayor", remarca.
Incumplen la ley
No se trata de un retraso sin más en la puesta en marcha de este mecanismo. El motivo es que está obligando a los proveedores a incumplir la ley, dado que se ven obligados a emitir esos documentos primero en papel. Por si no fuera poco, la fecha de recepción de una factura que cuenta es la de su ingreso en formato digital, lo que, como explican desde Seres, amplía el periodo de cobro del recibo. Esto es así porque la ley especifica que si los recibos no se emiten en formato electrónico, no se contabilizan para su pago. Ésta es una evidencia más de que "hay mucho camino por recorrer aún en este ámbito", comenta Redondo.
Precisamente y, en lo relativo al proceso de gestión, desde el sector de la eFactura inciden en que el hecho de que existan 119 puntos de entrada online distintos en las Administraciones "también dificulta enormemente al proveedor la emisión de sus facturas".
La historia es diferente según la perspectiva desde la que se mire. A comienzos de año, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) advertía de que un porcentaje muy elevado de proveedores -que podría alcanzar incluso el 73%- seguían sin estar preparados para el paso del papel a la factura digital. Unos datos que no convencen a Redondo, quien asegura que "a día de hoy el sector privado tiene muchas soluciones a su disposición para poder cumplir los plazos establecidos".
Las quejas de la FEMP
Los anteriores no son los únicos contratiempos a los que deben hacer frente los proveedores, quienes se quejan de que "no existe una fuente donde se informe, oficialmente y de manera clara y precisa, de todos los puntos de entrada operativos, lo que supone una dificultad añadida para las empresas. Esta información resulta especialmente crítica para los proveedores que trabajen con las administraciones locales", sentencian.
De acuerdo con el último estudio elaborado por Seres, en 2014 ya se produjo un salto cualitativo en lo que a la implantación de la factura digital entre los proveedores se refiere. Su presencia se incrementó cerca del 14 por ciento y, pese a que Cataluña y Madrid siguieron liderando el ranking, "han perdido cierta presencia en relación a las comunidades autónomas que vienen detrás", explica Redondo.
El sector servicios es el que ha experimentado un mayor auge en su uso, que ha permitido a las empresas ahorrarse 500 millones de euros, aunque el ahorro fundamental sigue estando en la gestión horas/hombre. Alberto Redondo apunta que hace algunos años ya se dio un cambio de tendencia porque anteriormente era el sector industrial el que encabezaba claramente el ranking en lo que a facturación telemática se refiere.
