Los autónomos afectados por los retrasos en los pagos del sector público tienen muy claro qué medidas deberían aprobarse para paliar de una vez por todas este problema, que se ha llevado por delante muchos negocios a lo largo de la crisis -unos 200.000 de acuerdo con los datos de que disponen las principales organizaciones de trabajadores por cuenta propia-.
Así, los autónomos exigen al Gobierno que establezca un recargo del 20 por ciento a aquellas Administraciones que incumplan el plazo de pago de 30 días establecido, tanto por la Ley de Morosidad, como por la Directiva europea.
Sólo hay que recordar que, a lo largo del primer trimestre, el sector público situó de media en 85 días el plazo medio de pago a sus proveedores, lo que implica haber triplicado prácticamente el periodo legal establecido.
En este caso, Aragón, Murcia y Andalucía fueron las autonomías más morosas, al haber abonado sus facturas por encima de los 120 días. Sin embargo, el sector público no es el único responsable de las dificultades que atraviesan muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas en nuestro país.
Morosidad privada
Recientemente, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió ante la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (que aglutina a un total de 1,5 millones de empresas) a trasladar a los organismos competentes su propuesta para detectar masivamente a empresas morosas. La morosidad en el sector privado es otra de las cuentas pendientes para los proveedores.
Durante una reunión con representantes de la plataforma, el presidente de la organización, Antoni Cañete, propuso a Montoro un mecanismo para agregar información sobre los plazos medio de pago. Éste permitiría de manera automatizada extraer datos sobre los plazos medios de pago incluidos en las memorias de las empresas.
