Los partidos políticos, los sindicatos y las patronales que se financien mayoritariamente con dinero público van a estar obligados por ley a convocar concursos públicos y a publicitar e informar de todos los contratos de obras y servicios que firmen. Además, no optarán a acuerdos públicos las empresas que paguen tarde a sus proveedores.
Es un requisito que incorpora el anteproyecto de Ley de Contratos Públicos en el que trabaja actualmente el Ejecutivo y que extenderá su ámbito de aplicación más allá de las Administraciones y empresas públicas, que deberán publicitar todos los contratos de más de 18.000 euros.
Según explicaron ayer fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la nueva norma está actualmente en fase de estudio por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, entre otros organismos.
Más transparencia
Entre sus objetivos se encuentran fomentar la transparencia y la competencia en este ámbito, reducir los tiempos y costes en la contratación pública, reducir la morosidad, permitir que más pymes puedan acceder a contratos públicos, así como fomentar la inversión en I+D+i.
La ley entrará en vigor a los seis meses de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, para garantizar que prácticamente todos los contratos públicos sean publicitados, suprimirá el modelo de "procedimiento negociado sin publicidad", que afecta en la actualidad al 42 por ciento de los contratos públicos que se firman.
De este modo, sólo habrá dos tipos de contratos a los que no afecte esta obligación: los que tengan que ver con cuestiones de seguridad y aquellos cuya cuantía sea inferior a 18.000 euros.
Las Administraciones públicas deberán publicitar los acuerdos firmados a través del Portal de la Contratación del Sector Público -que ya incorpora al Estado, a trece autonomías y ciudades autónomas, así como a algunos grandes municipios-, mientras que partidos, sindicatos y organizaciones empresariales podrán buscar sus propios medios para darlos a conocer. El anteproyecto contempla, además, que los contratos se fragmenten el lotes, algo que favorecerá la competencia y dará la posibilidad a más pymes de poder optar a dichos servicios u obras.
Lucha contra la morosidad
Sin embargo habrá un requisito ineludible para que cualquiera de estas empresas pueda optar a un contrato y es que cumpla el periodo medio de pago a sus proveedores -que está establecido por ley en 30 días-. De esta forma demostrarán que son solventes económicamente. El objetivo es acabar con el problema de los grandes contratistas públicos que no pagan a sus subcontratistas.
Por otra parte, se crea un nuevo contrato de "asociación para la innovación", por el que la administración financiará a las empresas concurrentes para que traten de desarrollar un bien o servicio con el que cubrir una necesidad concreta. Además, las empresas que quieran optar a concursos públicos se ahorrarán el papeleo actual, porque sólo presentará toda la documentación la que logre adjudicarse el contrato. Para competir por él bastará con estar inscrito en el registro de licitadores y presentar la oferta.
La nueva ley tratará de fomentar las políticas sociales, para lo que tendrá en cuenta a las empresas que cumplen con las cuotas de contratación de trabajadores con algún tipo de discapacidad a la hora de adjudicarles un contrato público.
