La semana pasada, el Congreso aprobó los presupuestos generales del Estado. La tramitación fue la más accidentada que se recuerda, debido fundamentalmente a la oposición radical de algunos partidos: Podemos, el PSOE podemizado y los partidos separatistas.
La gravísima crisis que hemos padecido tuvo bastantes consecuencias nocivas, pero probablemente la peor fue la destrucción de millones de empleos. La destrucción de empleo se debió fundamentalmente a que muchas empresas tuvieron que cerrar. Algunas empresas cerraron porque eran o se convirtieron en inviables. Sin embargo, este efecto económico se vio agravado por las restricciones de liquidez. Desgraciadamente, hubo empresas viables que como no se pudieron financiar acabaron cerrando.
La votación del pasado jueves, en el Congreso, sobre los presupuestos se resolvió tras tres empates. Ha sido la votación más apretada en mucho tiempo, y además sobre una cuestión decisiva: si el Estado iba a tener presupuestos este año, o, por el contrario, volvíamos a la inestabilidad política. Este primer debate presupuestario se denomina de totalidad, y esta vez el calificativo viene como anillo al dedo.
Hace cuatro años me propusieron escribir un libro. Como tantas otras cosas, es algo que no te sueles plantear. Paradójicamente, pese a ser un encargo, escribí literalmente el libro que quería escribir: traté los temas que quise, seleccioné los datos, y valoré lo que me pareció oportuno. El resultado es un libro de impuestos: "¿Hacienda somos todos? Impuestos y fraude en España", que publicó Debate hace tres años, exactamente el 14 de marzo de 2014.
Después de veinte meses, volvemos a tener proyecto de presupuestos. Desde el punto de vista del gasto, tener presupuestos es mucho más importante de lo que habitualmente se piensa. Efectivamente, se puede seguir funcionando con unos presupuestos prorrogados. Sin embargo, eso implica que no se pueden realizar nuevos proyectos de ningún tipo. Lo peor es que en el caso de los presupuestos de 2016, los números no cuadraban. Como los presupuestos partían de una estimación de ingresos que era pura fantasía, hubo que adelantar el cierre contable y efectuar acuerdo de no disposición por miles de millones de euros. Esto supuso recortes, y además recortes desordenados, y también incumplir flagrantemente el objetivo de déficit, que hubo que renegociar con Bruselas.
Ayer, por fin, mis compañeros diputados de Ciudadanos, Vicente Ten, Marcial Gómez y yo, recibimos una respuesta de Hacienda sobre los Tribunales Económico Administrativos. Así supimos que, el pasado 28 de febrero de 2017, los Tribunales Económico Administrativos tenían la friolera de 318.629 reclamaciones pendientes de resolver. Ésa era la cuantificación precisa de un grave problema para todos. No era todo lo que preguntamos porque Hacienda literalmente no sabe qué parte de los 50.000 millones de euros pendientes de cobro están pendientes en los Tribunales Económico Administrativos, encuadrados en el Ministerio de Hacienda.
Uno de los espejismos de la crisis económica que hemos padecido es que parecía que las medidas tenían efectos a corto plazo. En economía hay muy pocas cosas que tengan efecto a muy corto plazo. Por ejemplo, el derrumbamiento económico español de 2009 se venía larvando desde hacía varios años.
Hay pocas cosas más injustas que hacer pagar impuestos por perder dinero. Esta idea genial es la que está detrás del impuesto a las pérdidas que impusieron el PP y el PSOE en el Decreto Ley de Medidas fiscales en diciembre del año pasado, como ya hemos comentado en estas páginas. Sin embargo, muchísimos contribuyentes llevaban años pagando un impuesto, el de la plusvalía municipal, tanto si ganaban en la venta de inmuebles, como si perdían. Es decir, que se les exigían impuestos sobre ganancias, cuando en realidad tenían pérdidas: una injusticia evidente de nuestro sistema fiscal.
Ya tenemos aquí el proyecto de Presupuestos generales del Estado para 2017; eso sí, con un pequeño retraso, nada menos que seis meses después del plazo constitucional del artículo 134.3. Como ya señalaba en elEconomista el pasado 8 de febrero, "prorrogar los presupuestos no es una opción", y por consiguiente iba a haber un proyecto de presupuestos, pese a las dudas que entonces manifestaban relevantes dirigentes del PP.
El pasado mes de octubre escribía en elEconomista sobre 'El Colapso en los Tribunales Económico Administrativos'. Además, hice unas cuantas preguntas al Gobierno sobre cómo estaba la situación, y qué soluciones, si es que tenía alguna, iba a implementar para solucionar un problema bastante grave. En estos momentos hay del orden de 300.000 reclamaciones pendientes de resolver en los Tribunales Económico Administrativos. Esto supone que hay cientos de miles de ciudadanos y empresas que tienen una controversia pendiente con la Administración Tributaria y, de momento, no tienen respuesta.