La gravísima crisis que hemos padecido tuvo bastantes consecuencias nocivas, pero probablemente la peor fue la destrucción de millones de empleos. La destrucción de empleo se debió fundamentalmente a que muchas empresas tuvieron que cerrar. Algunas empresas cerraron porque eran o se convirtieron en inviables. Sin embargo, este efecto económico se vio agravado por las restricciones de liquidez. Desgraciadamente, hubo empresas viables que como no se pudieron financiar acabaron cerrando.
En esto, la gravísima crisis bancaria tuvo mucho que ver. De hecho, ya no tenemos cajas de ahorro, o para ser más precisos sólo quedan las de Ontinyent y Pollença, y antes eran la mitad del sistema financiero. El desastre de gestión, brutalmente politizada, de muchas cajas de ahorro, tuvo consecuencias gravísimas. Por una parte, ?salvar al sistema financiero?, o salvar los depósitos de los ciudadanos, tuvo un coste que el Tribunal de Cuentas estimó en más de 60.000 millones de euros. Lo peor, con todo, no fue eso, sino que muchas empresas viables tuvieron que cerrar porque durante varios años, casi todas las empresas tuvieron cegados los canales de liquidez.
Sin embargo, algunas empresas, normalmente las más grandes y con mayor poder de mercado sí pudieron seguir financiándose en los mercados financieros. Además, afortunadamente, el Estado se pudo seguir financiando. Sin embargo, otro problema adicional hizo sucumbir a muchas empresas: la morosidad sistemática de algunas grandes empresas, y también de las Administraciones Pública a la hora de pagar a sus proveedores, que además tenían graves problemas para financiarse.
Efectivamente, había una ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Sin embargo, esta ley, como ocurre tan a menudo para nuestra desgracia en España, no se cumplía. Las razones de este incumplimiento de la ley de morosidad son varias. Por una parte, la falta de cultura de pago en plazo de algunos empresarios. Por otra parte, el abuso de la posición dominante de algunas empresas. También tuvimos un problema durante muchos años con la falta de ejemplo de las Administraciones Pública, que no sólo no hacían cumplir la ley, sino que ellas mismas no pagaban en plazo. Pero, probablemente la causa de incumplimiento de la normativa de morosidad más importante era la más sencilla: no había transparencia en los plazos de pago, ni algo todavía más importante para que se cumpla una ley: régimen sancionador.
Para facilitar el crecimiento económico es fundamental hacer la vida más fácil a pymes, autónomos y emprendedores. Para esto, o incluso para que las empresas españolas sigan siendo viables es imprescindible un sistema financiero solvente y correctamente regulado y supervisado. Sin embargo, también es preciso que las pequeñas y medianas empresas cobren en plazo y no tengan que financiar gratis a las Administraciones Públicas y a las grandes empresas que tienen más poder de mercado. Durante los últimos años, estas dos cuestiones están en la raíz de que la crisis haya sido tan grave en España. Pero aunque la situación económica es mejor que hace unos años, estas dos cuestiones, sumamente importantes para las empresas españolas, siguen siendo cuestiones pendientes.
Por eso, el grupo parlamentario Ciudadanos presentó el pasado martes una proposición de ley para combatir la morosidad, cumpliendo la reiterada promesa del PP de Montoro y Rajoy, que nunca llegaron a cumplir. En esta nueva ley hay dos grandes novedades: un sistema de arbitraje específico para las cuestiones de morosidad, y sobre todo un sistema sancionador de la morosidad que incentive el pago en el plazo legalmente establecido.
La finalidad de las sanciones no es recaudar, sino desincentivar la práctica nociva de financiarse a costa de los proveedores. Una norma que carece de régimen sancionador es poco más que un deseo o una recomendación. Por eso, la proposición de ley, que Ciudadanos presentó hace unos días, era una reivindicación no sólo de la plataforma multisectorial contra la morosidad, sino también de asociaciones de autónomos, como ATA, y de asociaciones empresariales.
Además, hay que garantizar que las entidades financieras sigan siendo sólidas, para que puedan seguir concediendo crédito, para que siga habiendo crecimiento y creación de empleo. Nos ha costado muy caro a todos los españoles que el sistema financiero vuelva a tener capacidad para dar crédito. Por eso, también es fundamental investigar qué pasó con las cajas de ahorro y con la supervisión financiera.
En este sentido, para Ciudadanos la comisión de investigación, constituida ayer en el Congreso sobre la crisis de nuestro sistema financiero, debe tener como objetivos fundamentales depurar responsabilidades, pero sobre todo aprender de los errores para no volver a pagar el elevadísimo precio de una crisis financiera. Por eso la propusimos, como un paso imprescindible para no volver a repetir los mismos errores.
Estas dos cuestiones son dos caras de la misma moneda, la moneda de la política útil: una cara es que los principales creadores de empleo, las pymes y los autónomos, no tengan que financiar saldos elevadísimos de administraciones y grandes empresas. La otra cara es que la inversión productiva y la creación de empleo se puedan financiar porque tengamos un sistema financiero solvente que lo pueda hacer. Hemos pagado un precio muy elevado por la morosidad y la insolvencia, debemos aprovechar la oportunidad para reducirlas sustancialmente porque es crear oportunidades para crear riqueza y empleo.