La nueva ley hipotecaria en la que trabaja el Gobierno para incrementar la transparencia en la contratación del producto y sus cláusulas, en favor de una mayor protección del consumidor, dará un vuelco a muchos factores. El Anteproyecto de Ley sobre contratos de crédito inmobiliario que traspone la directiva comunitaria, suprime, en términos generales, las comisiones por devolver la deuda anticipadamente. El borrador, que estuvo a consulta hasta el pasado mes de septiembre y cuya aprobación definitiva se estima para mayo, limitaba al 0,5% el cargo "del capital reembolsable anticipadamente" si el reintegro se produce en los tres primeros años del préstamo y al 0,25 si es durante los cinco primeros, y desaparecería al sexto año.

El Gobierno reformulará la Ley Hipotecaria para evitar en el futuro la alta conflictividad desatada en este tipo de préstamos por culpa de condiciones contractuales declaradas nulas, por opacas, en los tribunales, siendo su máximo exponente las cláusulas suelo. El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, desveló ayer que el núcleo de la reforma será "incrementar de manera notable la transparencia" para prevenir dudas o confusiones y que el cliente sepa perfectamente qué contrata.

El creciente atractivo de España para el turismo de compras es una buena noticia para el comercio, sobre todo de lujo, pero también para las entidades emisoras de las tarjetas bancarias con las que pagan. Las firmas internacionales -Visa, MasterCard, etc- recaudan una tarifa a la tienda con cada operación abonada con el 'dinero de plástico' y, por un cambio de política, algunas de ellas han dejado de devolver dicha tasa cuando la venta se aborta, para disgusto y coste añadido al establecimiento, revelan fuentes conocedoras de los nuevos criterios.

El Gobierno tiene entre manos un más que complejo proyecto. Podría pensarse que su compromiso de agilizar la devolución del dinero cobrado de más por las cláusulas suelo abusivas solo precisa de un mecanismo bien engrasado con plazos y supuestos claros. No es tan fácil. El proyecto sobre la mesa fija escenarios que parecen haber instado el desplante del PSOE: la voluntariedad de la banca para adherirse al Código de Buenas Prácticas que instrumentará el sistema y/o la posibilidad de rechazar reclamaciones y dejar al cliente ante la alternativa de acudir a los tribunales con sus demandas.