BBVA ha condicionado la opa sobre Banco Sabadell a copar un 50,01% de los derechos de voto y podría borrar el requisito en cualquier momento, al igual que mejorar su oferta, si lo juzga oportuno para garantizarse el éxito. Para tener el control le bastaría, de hecho, alcanzar un 30% porque asumiría en la práctica las riendas de la gestión, aunque esta vía abre un escenario donde la transacción se complicaría y sería susceptible de encarecerse en extremo.
Los 'proxies' Institutional Shareholder Services (ISS), el mayor asesor de voto del mundo, y Glass Lewis recomiendan a los accionistas de Banco Sabadell votar a favor de la venta del TSB a Santander en la junta del próximo 6 de agosto, y donde también se tendrá que aprobar el reparto de un macrodividendo de 2.500 millones a cargo del talón ingresado por la filial británica. Ambos valoran la oportunidad de poner el foco en España y ISS alerta de que la oferta de BBVA ha perdido atractivo al canje actual.
El veto del Gobierno a la fusión de Sabadell y la defensa numantina librada por el vallesano utilizando como artillería pesada jugosos dividendos para disuadir al accionista de aceptar la oferta de BBVA podrían llevar al vasco a reformular su opa. La entidad fijó como única condición para declararla exitosa controlar el 50,01% de los derechos políticos -es decir, excluyendo del cómputo los títulos en autocartera del Sabadell-, pero el reglamento de opas permite modificar o retirar las condiciones. Y si optase por bajar el umbral al 30%, que aún puede considerarse cuota de control, podría ahorrarse alrededor de 2.670 millones de euros en la operación. Ahora bien, sería un éxito amargo tener que resignarse a una compra en etapas de la entidad catalana si no logra convencer de manera masiva a sus propietarios con la oferta.
El Consejo Económico y Social (CES), órgano público consultivo en materia socioeconómica y laboral, quiere que el Gobierno vaya más allá en los esfuerzos por evitar la exclusión financiera y ponga también foco en su impacto en el ámbito urbano. Su demanda la incluye en el dictamen al anteproyecto de la Ley de Digitalización y Modernización del sector financiero aprobado este jueves por el organismo y donde también alerta sobre la "necesidad de mejorar la educación financiera de la ciudadanía, especialmente ante la aparición de productos financieros complejos, como los criptoactivos".
El Gobierno defiende su intervención en la opa de BBVA a Banco Sabadell después de que la Comisión Europea haya decidido abrir un procedimiento de infracción contra España, al considerar que entra en conflicto con el derecho comunitario.