El Gobierno catalán ha aprobado este lunes un decreto de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda que incluye la obligación para los grandes tenedores –banca y fondos de inversión- de ofrecer un alquiler social durante hasta siete años a quienes estén ocupando ilegalmente sus viviendas desde hace más de seis meses y tengan acreditada su vulnerabilidad a través de los servicios sociales.

Hace hoy justamente una semana, se presentó el acuerdo fiscal entre la Consejería de Economía de la Generalitat y Catalunya en Comú Podem, en el marco de las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos catalanes para 2020. Se presentó como una vía para ganar progresividad en el marco tributario catalán y que pague más quien más tiene, pero la realidad es que los cambios que se plantean afectan en mucha mayor proporción a las clases medias que a las más elevadas, en un contexto en el que Cataluña ya es actualmente la autonomía que más presión fiscal ejerce sobre las rentas bajas y medias. Así lo han constatado a elEconomista expertos fiscalistas de los bufetes Garrigues, Cuatrecasas y Roca i Junyent.

Casi una de cada cuatro personas del área de Barcelona (el 24,1 por ciento) sufre exclusión social, según los datos locales recopilados por primera vez en el informe Foessa de Cáritas. Ello sitúa a la diócesis de la capital catalana (que agrupa 25 municipios) en segundo peor lugar estatal, solo superada por Canarias, donde la exclusión social alcanza el 29,1 por ciento, mientras que la media nacional es del 18,4 por ciento.