La productora de TV3 implicada en el caso 3% de desvío de fondos a CDC e investigada por Hacienda al detectar facturas falsas en 2010 y 2011 ha recibido al menos 626.500 euros de subvenciones de la Generalitat de Cataluña desde su creación en el año 2001 hasta 2018, según las cuentas de la compañía consultadas por elEconomista.
Luca de Meo abandonó el pasado martes la presidencia de Seat, aunque no deja el grupo Volkswagen. En un escueto comunicado, remitido a media tarde, el grupo automovilístico español anunció que De Meo "ha dejado, a petición propia y de mutuo acuerdo con el Grupo Volkswagen, la presidencia de Seat", y matiza que seguirá formando parte del Grupo alemán "hasta nuevo aviso".
El año 2020 estará marcado por muchos desafíos que la clase política deberá afrontar para asegurar la estabilidad económica de Cataluña y el bienestar de sus habitantes. El primer reto será lograr el consenso necesario para aprobar unos nuevos presupuestos autonómicos, algo que no ocurre desde 2017, año en el que estalló la fase más convulsa del procés, y que tanto empresarios, como patronales, gremios y sindicatos llevan pidiendo desde la primera prórroga. En un mundo de cambios cada vez más rápidos y de transformación constante, Cataluña no se puede quedar atrás y establecer unas nuevas cuentas, dicen todos ellos, es vital para seguir siendo competitivos.
La actualidad política está ahora marcada por el proceso de investidura para formar Gobierno en España, pero el Ejecutivo catalán tiene la carpeta del traspaso de infraestructuras -y de recursos económicos vinculados- preparada para retomar sus reivindicaciones históricas en cuanto logre empezar la nueva legislatura estatal.
El Ayuntamiento de Barcelona ya tiene todo preparado para la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) este miércoles 1 de enero de 2020. Se trata de una medida que pretende reducir 200.000 toneladas de CO2 sacando 50.000 vehículos contaminantes de las calles que no tienen la etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT). En caso de incumplimiento, las sanciones oscilan entre los 100 y los 500 euros.
Los grandes propietarios deberán ofrecer alquiler social durante hasta siete años a los inquilinos vulnerables