Barcelona
La actualidad política está ahora marcada por el proceso de investidura para formar Gobierno en España, pero el Ejecutivo catalán tiene la carpeta del traspaso de infraestructuras -y de recursos económicos vinculados- preparada para retomar sus reivindicaciones históricas en cuanto logre empezar la nueva legislatura estatal.
En este caso, el Gobierno autonómico cuenta con la complicidad del sector empresarial, que reivindica que se cumplan las inversiones presupuestadas desde el Estado en la comunidad, así como una mejora de la gestión de las infraestructuras que consideran que pasa por la descentralización, de manera que gane poder decisorio la administración regional y local respecto a la estatal.
Las dos prioridades en este ámbito son el Aeropuerto de Barcelona y Rodalies (Cercanías), pero también forman parte de los objetivos de la Generalitat otras infraestructuras ya actualmente parcialmente descentralizadas, como puertos y red viaria. En el caso de los aeropuertos de la red de Aena situados en Cataluña, la Generalitat quiere participar en la gestión, así como poder decidir aspectos como las tasas, que defiende como herramienta para poder competir con otros aeródromos del Estado para captar rutas, especiamente con Madrid-Barajas.
Rodalies también es un viejo caballo de batalla con el Ejecutivo estatal. Desde 2010, la administración autonómica catalana es la responsable de la gestión del servicio en el área de Barcelona, pero reprocha que el Estado no ha cumplido sus compromisos de inversión, y lamenta que de nada sirve tener competencias de gestión si no llegan los recursos económicos vinculados, y si las competencias sobre las infraestructuras ferroviarias por las que circulan los trenes siguen siendo estatales -a través de Adif-.
El Gobierno catalán también insistirá en su petición de que el Puerto de Palamós (Gerona) sea considerado punto fronterizo Schengen de libre circulación de personas, lo que debe llegar por autorización estatal, con el objetivo de potenciar el turismo de cruceros. En la temporada 2019 ha recibido 54.208 cruceristas, un 18% más que el año anterior, y se sitúa en tercer lugar tras los puertos de Barcelona y Tarragona.
Catalluña también quiere mayor competencia en carreteras, y una ventana de oportunidad se abre con el fin de las concesiones de peaje, como la AP-2 entre El Vendrell (Tarragona) y Zaragoza y l aAP-7 entre Tarragona y La Jonquera (Girona, en la frontera con Francia), que volverán a ser de gestión estatal en septiembre de 2021 tras décadas de concesión al grupo Abertis. El tramo de la AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante finalizó la concesión hace unos días, el 31 de diciembre.
Como en otras mucha cuestiones relacionadas con el autogobierno, la Generalitat tiene como referente al País Vasco. El pasado mes de abril, el Consejo de ministros acordó el traspaso al Gobierno vasco de la AP-68, la última carretera de dicha comunidad autónoma que todavía era de titularidad estatal.
Comparativa con Madrid
Según datos de la Consejería de Economía de la Generalitat recopilados por la Cámara de Comercio de Barcelona, de 2015 a 2018 la Comunidad de Madrid ha recibido más inversión estatal del conjunto del sector público que la presupuestada, concretamente de un 113,9%, mientras que Cataluña se quedó en el 65,9% de lo presupuestado.