Barcelona
La Cámara de Comercio de Barcelona reclama una inversión en infraestructuras en Cataluña de 45.300 millones de euros hasta 2030 para eliminar el déficit de la comunidad en este ámbito y equipararla al peso del 19% del PIB para convergir con su peso en España y con la dotación de los principales países europeos.
Un estudio de la entidad recoge que esta inversión se debe repartir entre los tres niveles de administración –estatal, autonómica y local-, sin concretar reparto, pero incidiendo en que la mayoría de infraestructuras clave pendientes son de titularidad estatal.
Esta petición se traduce en la necesidad de una inversión bruta anual de 3.800 millones entre 2019 y 2030, lo que supone un 47,5% más que la media de 2.576 millones realizada entre 2001 y 2013 –los autores argumentan que no hay datos comparables más recientes-.
El informe señala que Cataluña ha perdido peso en la distribución de la inversión estatal durante la salida de la crisis, recibiendo el 12% entre 2013 y 2018, frente al 16,5% entre 2001 y 2012 –época en la que se acabaron grandes obras en la comunidad como el AVE Madrid-Barcelona y la T1 del Aeropuerto de Barcelona, lo que no se ha mencionado en la presentación de este viernes-.
También recoge que el Estado ha dejado de invertir en infraestructuras en Cataluña 7.977 millones de euros que estaban presupuestados entre 2001 y 2018, lo que supone una cuarta parte del total presupuestado, y el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, ha criticado que eso significa que en los últimos 20 años, es como si en cinco no se hubiese invertido nada de lo previsto.
Impacto de lo no invertido
Según el estudio Impacto económico del déficit de inversión de infraestructuras del Estado en Cataluña, si se hubiesen ejecutado estos casi 8.000 millones, convertidos en 9.451 a precios de 2018, habrían tenido un impacto equivalente al 3,3% del PIB catalán y supuesto la creación o mantenimiento 111.500 puestos de trabajo, así como la generación de 3.895 millones en rentas fiscales y cotizaciones. También se habría reducido la congestión y accidentalidad viaria y las incidencias ferroviarias.
Con estos datos, Canadell ha afirmado: "Dicen que Cataluña crece menos por el procés y que Madrid nos adelanta. Si aquí no invierten y allí no paran de invertir, claro que nos adelantan". El presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha clausurado la presentación del documento, también ha incidido en que Madrid recibe algunos años más inversión de la presupuestada, mientras que Cataluña siempre menos.
Los datos del Ministerio de Fomento indican que Madrid es la comunidad con mayor déficit de inversión en infraestructuras en relación a su peso económico entre 2001 y 2018 (-7,2%), seguida de País Vasco (-3,8%) y Cataluña (-3,1%), pero el estudio de la Cámara de Barcelona considera que Cataluña es la comunidad con un mayor déficit acumulado de inversión estatal en infraestructuras en relación a su PIB porque País Vasco tiene más competencias de infraestructuras transferidas y Madrid tiene un pequeño territorio a cubrir y no tiene puertos –lo que requiere menos kilómetros de infraestructuras-.
Unión empresarial
En este sentido, Canadell ha abogado por la unión del empresariado catalán –con un llamamiento a las patronales- para reclamar mejoras en infraestructuras y exigir que, si el Estado no es capaz de cumplir los compromisos inversores, transfiera activos y competencias al territorio.
Tanto Canadell como Torra han recalcado que cada año que pasa con déficit inversor, Cataluña pierde competitividad, lo que perjudica tanto a las empresas como a los ciudadanos. El presidente de la Generalitat lo ha utilizado como argumento para ganar soberanía, mientras que Canadell ha ido más allá y ha reivindicado que el Estado reconozca estos 45.000 millones de déficit para una eventual negociación de activos y pasivos en caso de independencia de Cataluña.
La Cámara de Barcelona estima que, solo las infraestructuras prioritarias básicas pendientes -especialmente en la red viaria y en la ferroviaria de pasajeros- suponen un coste de 15.200 millones.
