Delegada de elEconomista en Cataluña

La Generalitat de Cataluña ha encargado a la Cámara de Comercio de Barcelona un informe sobre el acceso a la vivienda en Cataluña que da la voz de alarma sobre el sobreesfuerzo que están afrontando los catalanes (especialmente en el litoral de Barcelona y Girona, y sobre todo en el caso del alquiler) para tener un hogar, y que reclama políticas que en diversos casos son contrarias a las que está impulsando el Ejecutivo catalán.

Análisis

La coyuntura política ha convertido en moneda de cambio el retorno de las sedes sociales de empresas que hasta 2017 estaban radicadas en territorio catalán, pero más allá de las negociaciones que condicionan los acuerdos en las Cortes, son contadas las compañías que han dado marcha atrás en su decisión de trasladar su domicilio social fuera de Cataluña.

Las exigencias de Junts respecto a sanciones e incentivos para el retorno de sedes empresariales a Cataluña, como condición para apoyar los decretos anticrisis del Gobierno, chocan contra la legislación y la jurisprudencia no solo de España, sino de la Unión Europea, según han explicado a elEconomista.es fuentes jurídicas.

Junts per Catalunya pone el retorno de las empresas a Cataluña como una de sus prioridades en su agenda. La formación independentista, clave para que el Gobierno pueda sacar adelante sus decretos anticrisis, ha planteado este martes que el Ejecutivo incluya sanciones a las compañías que declinen regresar a la comunidad autónoma tras salir en 2017. La reacción socialista no se hizo esperar: "Si algo caracteriza a este Gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas".

Vera, la empresa de telecomunicaciones nacida hace apenas un año de la fusión de tres operadoras de la Cataluña central, prevé llevar este 2024 su red propia de fibra óptica a comarcas de las cuatro provincias catalanas, así como dar servicio al 100% del área metropolitana de Barcelona a través de redes de terceros, de momento.

Fira de Barcelona va a acometer un ambicioso plan de crecimiento y renovación antes de su centenario, en 2029. La primera piedra de las obras se colocó en diciembre, pero hace ya años que se discuten los términos y, sobre todo, la financiación de una obra que costará, según los últimos cálculos, casi 500 millones de euros (174 millones para modernizar el recinto histórico de Montjuïc y 320 para ampliar el recinto Gran Via; un 30% más respecto a lo estimado en 2019).

La Generalitat de Pere Aragonès no está escatimando en sueldos para remunerar a los altos cargos de nueva creación que considera estratégicos, según los registros de la administración catalana consultados por elEconomista.es. El ejemplo más relevante es el del presidente de Aeroports Públics de Catalunya, Daniel Albalate, un cargo que ERC ha recuperado en 2023 tras más de una década, y cuyo sueldo bruto anual es de más de 96.250 euros.

Torrons Vicens prevé conseguir en 2023 su mejor cifra de facturación, alrededor de 85 millones de euros, lo que supone casi un 20% más que en 2022, cuando la compañía catalana de turrones y chocolate ya superó las cifras prepandemia, según ha explicado a elEconomista.es su propietario, Ángel Velasco, que en el año 2000 se puso al frente junto a su padre (fallecido en 2022) de una empresa que se remonta a 1775.

La patronal catalana Foment del Treball ha calificado de "inasumible" que en el contexto actual de normalización tras la pandemia "se quieran convertir impuestos extraordinarios (como el de las grandes fortunas, el de la banca y el de las energéticas) en impuestos permanentes".

Entrevista

El consejero delegado de Reig Jofre, Ignasi Biosca, forma parte de la tercera generación de la familia fundadora del grupo farmacéutico cotizado con sede en Barcelona, al que se incorporó hace casi dos décadas, y que en los últimos meses ha reforzado su equipo ejecutivo para seguir creciendo en tamaño y rentabilidad.