Miembro de la junta directiva y miembro distinguido del Centro de Estudios Políticos Europeos

Los economistas no suelen preocuparse demasiado por la competitividad internacional de los países, el comercio y la inversión transfronteriza que suele se positivo para ambas partes y si un país crece más rápidamente los demás se benefician, ya que pueden aprovechar ese mercado en expansión. Es la productividad interna, no la capacidad de ganarles a los demás, lo que determina la prosperidad nacional; por eso Paul Krugman afirmó hace 30 años que la competitividad es una «obsesión peligrosa».

El surgimiento de un sistema abierto de comercio multilateral que separó el comercio de la geopolítica jugó un papel crucial en la economía posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy, en que las consideraciones geopolíticas influyen cada vez más en las políticas de comercio, se está haciendo visible un nuevo paradigma.

Octubre ya ha traído consigo un cambio significativo en el sistema mundial de comercio: por primera vez, una gran potencia comercial estableció un impuesto a la importación de carbono. Debido a que utilizar la palabra "impuesto" (o "arancel") hubiera sido incómodo, la Unión Europea optó por el apelativo Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC). Pero un impuesto es lo que significa la palabra, y su justificación económica es sencilla.

La actual desaceleración económica de China ha suscitado una diversidad de explicaciones. Sin embargo, los pronósticos tienen en gran medida algo en común: si bien los datos a corto plazo son algo volátiles (las tasas de crecimiento anual se han visto distorsionadas por el legado de la draconiana política de cero Covid de las autoridades), la mayoría de los observadores prevén que el crecimiento del PIB chino continúe con una tendencia a la baja. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, prevé que el crecimiento alcance sólo al 4,5% en el año 2024 y caiga al 3% para fines de esta década, un crecimiento que es mejor que aquel de la mayoría de las economías avanzadas, pero que está muy lejos de las tasas de dos dígitos de hace una década. No obstante, el crecimiento es sólo una parte de la historia.

Los banqueros centrales en las economías avanzadas parecen haberse ganado sus vacaciones de verano, que ahora continúan en la tradicional reunión informal de Jackson Hole, en Estados Unidos. Mediante una serie de fuertes alzas de los tipos de interés, habrían logrado frenar aparentemente una ola de inflación que, según la creencia popular, fue causada por una combinación sin precedentes de conmociones negativas. Pero antes de alabar a estos banqueros centrales por su control sobre la inflación, deberíamos considerar el papel que desempeñaron para causarla.

La política comercial de Estados Unidos está a punto de experimentar una importante transformación. En un discurso reciente en la Brookings Institution, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, esbozó la estrategia de la Administración para “construir un orden económico mundial más justo y duradero”. En el núcleo de este nuevo enfoque está la creencia de que, no obstante que el mundo ha cosechado los beneficios del libre comercio a lo largo de las últimas décadas, los trabajadores estadounidenses fueron tratados injustamente.

Emisiones

Los economistas han argumentado desde mucho tiempo atrás que la regulación por sí sola no puede lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, y que dicha reducción es necesaria para frenar el cambio climático; se argumenta también que es esencial contar con un precio del carbono. Hasta ahora, se han implementado docenas de acuerdos para la fijación de precios del carbono a lo largo y ancho de todo el mundo, en su mayoría esquemas basados en impuestos. Sin embargo, cuando se trata de considerar el impacto, los problemas surgen en los detalles.

Opinión

Los encargados de formular políticas económicas en todo el mundo se han esforzado por frenar el aumento de la desigualdad, una tendencia que ha impedido el crecimiento económico, impulsado victorias electorales populistas y puesto en peligro la democracia liberal. Por lo tanto, se temía de manera generalizada y comprensible que los trabajadores no calificados sufrieran profundamente a consecuencia de la crisis de COVID-19 y, más recientemente, del shock de los precios de la energía tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, en ambos casos, el impacto ha sido relativamente benigno.

El comercio siempre implica una dependencia mutua: si ambas partes se benefician por el intercambio de bienes y servicios, también pierden cuando se suspenden las transacciones. Hasta hace relativamente poco, los responsables de las políticas se centraban en los beneficios, las oportunidades y mejoras en la eficiencia que genera el comercio, pero en una era de conflicto geopolítico cada vez más intenso, los riesgos -especialmente los trastornos en la oferta- están cada vez más en el centro de la escena. La estrategia que propuso la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen para reducir los riesgos del comercio es un claro ejemplo.

Los europeos por fin tienen un momento de respiro con respecto a pagar precios altísimos por el gas. Gracias a la disminución de la demanda por parte de los hogares y del sector industrial (baja impulsada por los esfuerzos de ahorro de energía y un invierno más suave de lo habitual) acoplada con el incremento de fuentes alternativas (como la eólica y la nuclear), los precios del gas han caído a niveles que no se vieron desde antes de que Rusia invadiera Ucrania el pasado mes de febrero. Pero los precios podrían volver a subir, y los gobiernos deberían permitir que esto ocurra.