La política comercial de Estados Unidos está a punto de experimentar una importante transformación. En un discurso reciente en la Brookings Institution, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, esbozó la estrategia de la Administración para “construir un orden económico mundial más justo y duradero”. En el núcleo de este nuevo enfoque está la creencia de que, no obstante que el mundo ha cosechado los beneficios del libre comercio a lo largo de las últimas décadas, los trabajadores estadounidenses fueron tratados injustamente.

Los economistas han argumentado desde mucho tiempo atrás que la regulación por sí sola no puede lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, y que dicha reducción es necesaria para frenar el cambio climático; se argumenta también que es esencial contar con un precio del carbono. Hasta ahora, se han implementado docenas de acuerdos para la fijación de precios del carbono a lo largo y ancho de todo el mundo, en su mayoría esquemas basados en impuestos. Sin embargo, cuando se trata de considerar el impacto, los problemas surgen en los detalles.

Los encargados de formular políticas económicas en todo el mundo se han esforzado por frenar el aumento de la desigualdad, una tendencia que ha impedido el crecimiento económico, impulsado victorias electorales populistas y puesto en peligro la democracia liberal. Por lo tanto, se temía de manera generalizada y comprensible que los trabajadores no calificados sufrieran profundamente a consecuencia de la crisis de COVID-19 y, más recientemente, del shock de los precios de la energía tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, en ambos casos, el impacto ha sido relativamente benigno.

El comercio siempre implica una dependencia mutua: si ambas partes se benefician por el intercambio de bienes y servicios, también pierden cuando se suspenden las transacciones. Hasta hace relativamente poco, los responsables de las políticas se centraban en los beneficios, las oportunidades y mejoras en la eficiencia que genera el comercio, pero en una era de conflicto geopolítico cada vez más intenso, los riesgos -especialmente los trastornos en la oferta- están cada vez más en el centro de la escena. La estrategia que propuso la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen para reducir los riesgos del comercio es un claro ejemplo.