Octubre ya ha traído consigo un cambio significativo en el sistema mundial de comercio: por primera vez, una gran potencia comercial estableció un impuesto a la importación de carbono. Debido a que utilizar la palabra "impuesto" (o "arancel") hubiera sido incómodo, la Unión Europea optó por el apelativo Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC). Pero un impuesto es lo que significa la palabra, y su justificación económica es sencilla.
La UE ya impone un impuesto interno al carbono. En virtud al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), las centrales eléctricas y las grandes instalaciones industriales pagan por cada tonelada de dióxido de carbono que emiten. Si se tiene en cuenta que los permisos o "asignaciones" de emisiones cuestan alrededor de 90 euros (95 dólares) por tonelada, el RCDE debería crear un poderoso incentivo para que las empresas emitan menos dentro de las fronteras de la UE. Pero el RCDE no impide que los europeos compren los productos intensivos en carbono que necesiten en otros países, sobre todo en aquellos países que carecen de impuestos nacionales al carbono. Estas sustituciones, conocidas como "fugas de carbono", hacen que el RCDE por sí solo no esté bien equipado para lograr una reducción significativa de las emisiones mundiales de CO2. Se supone que el MAFC debería solucionar esta situación, mediante la exigencia a los importadores para que paguen (según las tasas de derechos de emisión del RCDE, ajustadas para reflejar los impuestos al carbono pagados en el país de origen) por las emisiones incorporadas en los productos que importan.
Además de neutralizar las fugas de carbono, se supone que el MAFC debe proteger al sector industrial de la UE. Hasta ahora, el sector industrial de la UE ha recibido la mayor parte de sus derechos de emisión de forma gratuita; esto explica por qué el RCDE aún no ha hecho mucha mella en las emisiones industriales europeas. Para reforzar el impacto del régimen, la UE tiene planificado eliminar gradualmente los derechos de emisión gratuitos, proceso que comenzará en el año 2026 y se llevará a cabo a lo largo de varios años. La entrada en vigor del MAFC está prevista para el mismo periodo.
Por el momento, el MAFC se encuentra en su fase inicial de transición, durante la cual los importadores de la UE aún no pagan un impuesto al carbono, pero están ajustando sus políticas e informando sobre las emisiones incorporadas en la producción de los bienes que introducen en el bloque. Más allá de dar a los importadores la oportunidad de prepararse, esta fase brinda a los líderes europeos espacio para suavizar la oposición política proveniente de sus principales socios comerciales.
Por supuesto, esos socios también pueden aprovechar este momento para desafiar al MAFC en la Organización Mundial del Comercio. Pero una vez que la UE ponga fin a los derechos de emisión gratuitos, parece que el impuesto será compatible con la OMC . Adicionalmente, no debería constituirse en un impedimento importante para el comercio. Al fin y al cabo, sólo se aplicará a una pequeña y bastante dispar selección de productos intensivos en carbono que son propensos a fugas de carbono: cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno. Y, en su mayoría, estos no son bienes que se comercialicen a lo largo y ancho de grandes distancias.
La electricidad, por ejemplo, se comercializa sólo atravesando distancias cortas; se la incluye en el MAFC con el fin de garantizar la inclusión de la energía eléctrica altamente intensiva en carbono que es producida en los Balcanes. El cemento y los fertilizantes también son importados principalmente desde vecinos cercanos, como por ejemplo Turquía y el norte de África. El hidrógeno se comercializa muy poco, al menos por el momento.
En resumidas cuentas, el MAFC sólo abarca a aproximadamente el 3% de todas las mercancías importadas que ingresan a la UE, las cuales tienen un valor total de solamente 50 a 60 mil millones de euros anuales. Si bien los socios comerciales de la UE se quejarán, en especial por la inclusión de productos siderúrgicos, para la mayoría de los países el MAFC será un irritante menor en el peor de los casos.
Para algunos investigadores del cambio climático, ése es precisamente el problema: el MAFC no abarca una gama de productos lo suficientemente extensa, ni un porcentaje lo suficientemente grande de las emisiones. Sin embargo, a pesar de que el MAFC abarca un porcentaje pequeño del total de importaciones, dichos productos representan casi la mitad (47%) de los derechos de emisión gratuitos que se conceden actualmente a la industria europea.
Por lo tanto, el MAFC será beneficioso para el erario público. Se estima que las importaciones cubiertas por el MAFC entrañan emisiones directas que representan unos 80 millones de toneladas de CO2. A un precio del RCDE de 90 euros por tonelada, esto significaría ingresos anuales de alrededor de 7,2 mil millones de euros, que irían directamente al presupuesto de la UE y proporcionarían una holgura muy necesaria para otros gastos, como por ejemplo el apoyo a Ucrania.
Los ingresos recaudados por el MAFC equivaldrían al 15% del valor de las importaciones abarcadas, lo que haría que el mecanismo sea similar en tamaño a los diversos aranceles sobre productos de acero y aluminio que fueron impuestos por el expresidente estadounidense Donald Trump con el pretexto de proteger la seguridad nacional. Para los detractores del MAFC, vale la pena señalar que los mencionados aranceles, que desde aquel entonces han sido reemplazados por otras formas de comercio administrado, fueron sólo limitadamente exitosos en la protección de la industria siderúrgica estadounidense.
El impuesto fronterizo sobre el carbono de la UE, a pesar de ser imperfecto, es coherente desde un punto de vista económico y es poco probable que cause daños de importancia al sistema de comercio mundial. Por el contrario, podría alentar a otros países, posiblemente incluso a China, a introducir mecanismos para la fijación de precios del carbono, de modo que sean los gobiernos nacionales de dichos países, en lugar de la UE, los que puedan recaudar los ingresos. Sin embargo, esto no significa que el MAFC no plantee riesgos. En particular, podría avivar tensiones entre amigos, especialmente entre la UE y Estados Unidos, aunque tal vez no de la manera que cabría esperar.
Estados Unidos ha optado por no imponer un impuesto sobre el carbono a la industria y, en cambio, optó por ofrecer incentivos a la captura y el almacenamiento de carbono (CAC) en virtud de la Ley de reducción de la inflación. Los beneficios que reciben las empresas estadounidenses por la captura y almacenamiento de carbono (85 dólares por tonelada de CO2 almacenada de forma permanente) no están muy alejados del precio actual del RCDE. Esto implica que los productores de acero estadounidenses podrían utilizar la subvención por la captura y el almacenamiento de carbono para producir acero con bajas emisiones de carbono a un precio más barato que el de sus competidores en la UE, quienes se enfrentarían al mismo incentivo para descarbonizar, pero tendrían que asumir el costo ellos mismos. Esto atraería inversiones hacia Estados Unidos y dejaría a la industria siderúrgica de la UE quejándose por la competencia desleal.
Por lo tanto, no es el MAFC de la UE, sino la política estadounidense la que amenaza con generar tensiones comerciales entre los aliados. Ésta es sólo una de las consecuencias imprevistas de la tardía adopción por parte de Estados Unidos de una política climática que no incluye un impuesto al carbono.
