Orange España ha puesto en marcha una nueva línea de negocio, insólita en el mercado de las telecomunicaciones, pero de prometedora proyección ante el incremento espectacular de las mascotas en los hogares españoles tras el periodo de la pandemia. De hecho, diversas fuentes estiman que la presencia de animales de compañía se ha incrementado en España el 44% en los tres últimos años.
Movistar Uruguay, filial del grupo Telefónica en aquel país, participará en la subasta de frecuencias de 5G que arrancará el próximo 28 de abril, en una licitación en la que también participará el operador público Antel (Administración Nacional de Telecomunicaciones) y Claro, propiedad de América Móvil.
Los operadores locales de telecomunicaciones, asociados en Aotec, han alzado la voz para reclamar la cesión de frecuencias de 5G en zonas rurales, actualmente infrautilizadas, para así cumplir un doble objetivo: beneficiar a las poblaciones de menos de 20.000 habitantes con una mejor conectividad móvil y, al mismo tiempo, compensar los posibles efectos negativos para la competencia del aumento del spectrum cap (aumento de frecuencias que cada compañía puede disponer para sus servicio) previsto por el Gobierno.
El activismo suele producir réditos en bolsa y el ejemplo más reciente lo protagoniza Chris Hohn, propietario de The Children's Investiment Fund (TCI), primer accionista de Cellnex. Desde la entrada del magnate británico en el capital del grupo de infraestructuras, hace apenas dos semanas, la cotizada española ha crecido en el parqué mucho más que sus comparables sectoriales.
Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, convocó el pasado martes a su consejo de asesores de ciencia y tecnología ante la creciente preocupación por la Inteligencia Artificial (IA). Entre otros mensajes, y en presencia de los primeros ejecutivos de Google y Microsoft, el líder demócrata señaló que “aún está por ver si la IA es peligrosa”, para así exigir a los gigantes tecnológicos que garaticen la seguridad de sus productos antes de ponerlos a disposición del público.
Cellnex Telecom agrava su crisis de gobernanza con la salida de dos consejeros independientes, Bertrand Boudewijn Kan y Peter Shore, a los que se sumará el próximo abandono de Tobías Martínez, actual CEO de la compañía y consejero ejecutivo del grupo. Por si no bastara con lo anterior, el polvorín corporativo de Cellnex también se complica con la petición formal de cese de la consejera dominical Alexandra Reich, en representación de GIC, cuyo puesto ha puesto en el alero Chris Hohn, propietario del fondo The Children's Investiment Fund (TCI) y primer accionista de Cellnex.
La Comisión Europea ha anunciado este lunes la apertura de una investigación exhaustiva para evaluar la propuesta de creación de la empresa conjunta formada por Orange y MásMóvil. Según señala en un comunicado, a la Comisión "le preocupa que la operación pueda reducir la competencia en la prestación minorista de servicios de banda ancha móvil y fija y en la oferta de paquetes de servicios múltiples en España". En su argumentario, la CE constata "que la operación disminuiría el número de operadores de red en España, eliminando así un competidor innovador y significativo. Esto podría dar lugar a precios más elevados y a una menor calidad de los servicios de telecomunicaciones para los clientes".
La Comisión Europea prevé investigar en profundidad los potenciales riesgos de competencia relacionados con el proyecto de fusión de Orange y MásMóvil. El anuncio del estudio de la operación en la denominada Fase 2 forma parte del escenario previsto por parte de las dos compañías, ambas conscientes de la complejidad y tamaño de una consolidación que dará origen al nuevo líder por clientes del mercado español.
La junta de accionistas de Telefónica eliminó este viernes los bonos extraordinarios a los directivos de grupo y rechazó, de forma abrumadora, con el 99,97% de los votos, el cese del presidente José María Álvarez-Pallete solicitado por un accionista de forma sorpresiva. Se trató del minoritario Carlos Antonio Gutiérrez Pérez, quien en su intervención comparó las principales magnitudes de la teleco de hace siete años con las actuales para concluir que el primer ejecutivo "es el causante" de la situación. Al margen de este asunto, la junta aprobó todas las cuestiones a consulta, incluida el pago de dividendo de 0,30 euros a cuenta del ejercicio de 2022. También se reeligió a PricewaterhouseCoopers Auditores (PwC) como auditor, se dio visto bueno a la reducción de un 0,43% del capital de la empresa y se facultó al consejo para aprobar nuevos programas de autocartera hasta 2028.
José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, ha reclamado en la Junta General de Accionistas un "reparto equitativo" en el esfuerzo de construcción y mantenimiento de las redes de telecomunicaciones, así como "un uso responsable" de las mismas. En su discurso ante los accionistas, el primer ejecutivo de la teleco ha vinculado la propuesta con la consulta pública que estos días promueve Bruselas en busca de una posible participación de las grandes tecnológicas en la financiación de las infraestructuras de fibra óptica y 5G.