El lobo no es nunca tan fiero como lo pintan. La guerra de Ucrania obligó a Europa a levantar las restricciones sobre la producción de carbón, de manera que las minas polacas y alemanas se pusieron a funcionar a pleno pulmón y aún lo siguen haciendo sin que nadie se rasgue las vestiduras. Fue también la presión alemana la que logró dar una oportunidad a los combustibles alternativos al diésel o las gasolinas para que alarguen su vida más allá de 2035, la fecha de caducidad de los motores de combustión.

En menos de tres semanas, desde el 24 de octubre, el PSOE ha firmado tres acuerdos con sus socios políticos de Sumar, ERC y Junts encaminados a modificar la estructura política, económica y fiscal de España con un coste de más de 60.000 millones para las arcas del Estado. El pacto rubricado esta semana con Puigdemont colma las viejas aspiraciones independentistas de gestionar el cien por cien de los tributos y tener un cupo similar al del País Vasco.

La paciencia tiene un límite. "Si se produce la subida de Impuestos de Sociedades recogida en el acuerdo de legislatura entre PSOE y Podemos, muchas empresas van a cambiar su sede fuera de España, sobre todo del sector energético y bancario", asegura el directivo de una patronal, acostumbrado a tratar todos los días con los responsables de los grandes grupos empresariales.

Tantas veces avisando que viene el lobo, que viene el lobo, que el rebaño se había confiado. Y el lobo ya está aquí. El Gobierno está dispuesto a meter las cuentas públicas en vereda, pero no lo hará con un ajuste del gasto como sería los esperado, sino mediante un aumento de ingresos fiscales, a costa de las grandes empresas y de los ricos. Este es el mensaje que se trasluce del programa de PSOE y Podemos para la legislatura, presentado esta semana al alimón por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, con la complicidad de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que asentía de forma complaciente desde la primera fila.